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Después de las denuncias por presuntas irregularidades en la realización de un evento público en favor de la campaña presidencial de Iván Cepeda en San Gil, Santander, surgieron cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para este tipo de actividades.
Según la información conocida, la jornada, en la que fueron instalados una tarima, equipos de sonido y material publicitario de la candidatura, no habría contado con documentos y los permisos como plan de contingencia para la atención de eventuales emergencias y el manejo de asistentes. A estas denuncias se suma la instalación de publicidad política del candidato en la fachada de la Alcaldía de San Gil.
Frente a estos señalamientos, el secretario del Gobierno de San Gil, Orlando Quintero, aseguró que la actividad no contaba con autorización de la Alcaldía y que los propios organizadores habrían reconocido esta situación durante una verificación realizada por las autoridades.
“Ellos mismos le manifestaron al señor procurador que no tenían ningún tipo de permiso, que asumían la responsabilidad y que retiraban todo lo que habían instalado. Nunca se les dio permiso, nunca hubo autorización por parte del alcalde y nunca hubo autorización por parte del secretario de Gobierno”, afirmó el funcionario.
La posición política del municipio
Ante estos hechos, la Administración Municipal de San Gil compartió un comunicado en el que asegura que la institución mantiene una posición de neutralidad frente a los procesos políticos y electorales, en cumplimiento de los principios de imparcialidad que rigen la función pública.
Además, en el documento difundido por la Alcaldía de San Gil se indica que: “se informa a toda la ciudadanía que todos los permisos para el uso temporal del espacio público son evaluados y otorgados bajo criterios de igualdad, transparencia y cumplimiento de la normatividad vigente, sin distinción alguna por razones políticas, ideológicas, religiosas o de cualquier otra naturaleza”.
Quintero explicó que, tras conocerse la instalación de publicidad política en las instalaciones de la Alcaldía, se realizó una verificación en compañía de representantes del Ministerio Público y de la Policía. Según indicó, de dicha actuación quedó un acta y un informe que fue remitido a las autoridades competentes para los análisis correspondientes.
El funcionario también rechazó las versiones que relacionan a la administración municipal con la organización del evento público y aseguró que el alcalde no tuvo conocimiento previo de lo sucedido.
Desde La FM se intentó conocer la versión de los organizadores del evento; sin embargo, son varias organizaciones y líderes del municipio que han realizado actividades similares quienes aseguraron no ser los responsables de la jornada. Las fuentes consultadas manifestaron desconocer quién o quienes fueron los encargados del evento.
De acuerdo con el secretario de Gobierno, la administración municipal no se opone a la realización de actividades políticas o proselitistas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.
“Todo se hubiera podido hacer. No se le hubiera negado el permiso. Ellos debían presentar la solicitud con anticipación para que nosotros pudiéramos revisar los requisitos y autorizar la actividad conforme a la normatividad”, señaló.
Ante las denuncias que habrían sido presentadas ante la Procuraduría Provincial, el ente de control estaría analizando los hechos para determinar si existió algún tipo de irregularidad relacionada con la autorización, organización y desarrollo de la actividad política.
Finalmente, el comunicado de la Alcaldía de San Gil señala que las instalaciones de la entidad son bienes públicos destinados exclusivamente al funcionamiento institucional y afirma: “En consecuencia, no está permitido fijar, instalar o exhibir en la fachada, muros, ventanas, accesos o cualquier otro elemento de la sede administrativa pancartas, fotografías, pendones, afiches, avisos o material relacionado con actividades particulares, campañas, movimientos políticos, candidaturas o cualquier tipo de publicidad”.
Sobre este punto, Quintero reiteró que la administración municipal mantiene una posición imparcial frente a los diferentes sectores políticos y recordó que la instalación de publicidad política en bienes públicos no está permitida.
Espacios habilitados para el proselitismo
“Nosotros somos una institución pública y debemos ser imparciales. No podemos prestar nuestras instalaciones para actividades políticas. Además, existe una restricción para la fijación de publicidad política en el centro histórico del municipio”, puntualizó.
El funcionario aclaró que la Alcaldía otorga permisos para la realización de eventos públicos cuando los organizadores cumplen los requisitos establecidos por la normatividad vigente. Sin embargo, precisó que dicho aval no contempla el uso de la fachada o de las instalaciones de la administración municipal para la instalación de propaganda de ningún tipo.
Agregó que estas actividades pueden desarrollarse en espacios públicos habilitados, como el parque principal, o finalizar allí en el caso de marchas previamente autorizadas, pero no frente a la sede de la Alcaldía.
