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Ante los hechos de inseguridad que siguen azotando a la capital del Atlántico y a otras ciudades del territorio nacional, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dio a conocer que envió al Congreso de la República y a las altas cortes una carta en la que hace siete propuestas con la que busca una reforma a la justicia para eliminar la detención domiciliaria a delitos que sean violentos y que toda persona que se sorprendida con un arma ilegal deba ir a la cárcel.
“No contamos con suficientes jueces penales, fiscales e investigadores para imputar, condenar y encarcelar a los delincuentes. De hecho, un juez penal en Barranquilla llega a acumular en su despacho hasta 600 casos simultáneamente”, explicó el mandatario.
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Pumarejo sostuvo que a las víctimas en Barranquilla y en toda Colombia no le están brindando el respaldo necesario, y con los delincuentes pasa todo lo contrario otorgándoles todas las garantías y siguen delinquiendo.
“La ley, la jurisprudencia y los procesos internos no parecen facilitar la tarea a la Policía, ni a los fiscales, y mientras brindan todas las garantías a los delincuentes se las están negando a las víctimas. Por lo demás, no priorizamos los delitos para que el precario sistema judicial pueda darles más importancia y celeridad a los cometidos con armas de fuego sobre aquellos que no. Y con un hacinamiento superior al 25 % “la estructura carcelaria y penitenciaria es también insuficiente para cubrir la demanda de cupos”, señaló el alcalde.
Los puntos que contiene la carta:
1. Implementar un proceso judicial prioritario y expedito para quien porte armas de fuego de manera ilegal o cometa un crimen violento con ellas.
2. Eliminar la alternativa de casa por cárcel para quienes cometan delitos violentos o porten armas ilegales y remitirlos a una cárcel para detención preventiva mientras esperan su juicio.
3. Construir cárceles de menor costo y con capacidad de resocialización, donde los condenados trabajen y reduzcan los costos de manutención del Estado.
4. Revisar los presupuestos de la Rama Judicial y de la Fiscalía para que existan suficientes fiscales, investigadores y jueces penales que garanticen una justicia expedita y sin colapsos. Pero este mayor presupuesto debe ser acompañado de mejores herramientas de seguimiento y una simplificación de los procesos burocráticos.
5. Reformar o liquidar el INPEC y, en este caso, que la Policía asuma la vigilancia de los centros penitenciarios.
6. Aumentar la inversión en modernización de sistemas tecnológicos para facilitar la labor de la Policía, especialmente en materia de inteligencia.
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El mandatario distrital recordó que los alcaldes de ciudades capitales, como voceros de los ciudadanos, llevan tiempo solicitando drásticas reformas en el manejo de la seguridad en Colombia.
“Nuestro objetivo es que el Estado sea, por fin, implacable con los bandidos. Desde la seguridad y la posibilidad de vivir en paz es que podemos desprender nuestros sueños y hacer valer los demás derechos que tenemos. Libertad y orden, eso requerimos”, concretó Pumarejo.
