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Las Comisiones Primeras conjuntas de Senado y Cámara comenzaron la discusión de un proyecto de ley que reforma el Código Disciplinario y que fue presentado por la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco.
Durante el debate, varios congresistas denunciaron que la iniciativa le otorga más poderes al Ministerio Público para perseguir a los alcaldes y gobernadores, sobre todo de la oposición.
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El senador Roy Barreras advirtió que “este proyecto le entrega facultades a la Procuraduría para que ejerza funciones jurisdiccionales, es decir, convierte a la Procuraduría en juez (…) En manos de la Procuraduría quedan todos los mandatarios y particularmente todos los alcaldes y gobernadores alternativos o independientes, que no hacen parte de la coalición de gobierno”.
Lo mismo señaló la senadora Angélica Lozano, quien además de denunciar que la Procuraduría le abrió investigación a algunos congresistas opositores, Alexander López, Inti Asprilla y Ángela María Robledo, quienes han apoyado el paro nacional, advirtió que se está incumpliendo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro.
“Le diremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que este proyecto de ley viola flagrantemente el mandato que dio a Colombia de adecuar su ordenamiento jurídico, pero con el facto perturbador de cercenar el derecho a compañeros con un posible abuso del poder disciplinario que este proyecto va a regular”, manifestó.
La coalición de gobierno rechazó estas denuncias, pero también manifestó algunas preocupaciones sobre el proyecto que reforma el Código Disciplinario.
La senadora Paloma Valencia indicó que “uno está oyendo que están montando una Procuraduría para acabar con la oposición. No hay tal, ni hay por qué aceptar que se hagan esos comentarios. Ahora, a todos nos abren procesos disciplinarios cuando la ciudadanía presenta quejas, las cuales deben ser atendidas”.
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El representante Gabriel Vallejo negó que la iniciativa tenga un carácter fascista como lo señala la oposición, pero sí advierte que se debe tener cuidado con las nuevas facultades que tendría la Procuraduría.
“Frente a las facultades de policía judicial, frente al tema de interceptación de comunicaciones, yo creo que esa medida tiene que estar bajo el control de un juez de garantías. Más allá de las facultades de policía judicial que son necesarias para combatir la corrupción, necesitamos que en el sistema de garantías procesales, tengan ese control de un juez”, manifestó.
El Centro Democrático también expresó que sería completamente inconveniente aprobar el artículo que le otorga facultades al presidente de la República para ampliar la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación, ya que eso enviaría un mensaje equivocado en momentos en que el país está exigiendo más austeridad y menos burocracia.
