Abren indagación por presuntas irregularidades en convenios entre Gobierno e indígenas

La Procuraduría indagará a funcionarios de los ministerios del Interior y de Ambiente por presuntas irregularidades en la firma de dos convenios.
Procuraduría referencia
Procuraduría General de la Nación. Crédito: RCN Radio

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de los ministerios del Interior y de Ambiente, así como de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), por presuntas irregularidades en la firma de dos convenios suscritos con organizaciones indígenas.

Según el organismo, estos acuerdos, que habrían sido firmados entre las carteras y las comunidades indígenas agremiadas en organizaciones, contaban con un presupuesto de más de 30.000 millones de pesos.

La indagación fue iniciada contra funcionarios del Ministerio de Ambiente y la CRC, por la suscripción de un acuerdo por un poco más de 4.900 millones de pesos y que tenía como objetivo realizar actividades de manejo de condiciones ambientales.

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“Para adelantar acciones de conservación, mitigación y adaptación al cambio climático en territorios indígenas adscritos el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)”, indicó la Procuraduría.

El proceso que fue abierto contra funcionarios del Ministerio del Interior, obedece a las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la firma de un contrato por 25.000 millones de pesos con la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).

Este acuerdo tenía el objetivo de fortalecer los saberes políticos, culturales y espirituales, de los pueblos y organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación (MPC).

“Al parecer se habrían presentado posibles irregularidades en la selección del personal que debía ejecutar las actividades, ya que en la definición de los perfiles se fijaron requisitos específicos cuyos costos aparentemente serían desproporcionados”, mencionó el organismo.

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Según explican desde la Procuraduría, esa situación se habría registrado en algunas actividades puntuales a las cuales se les habría asignado un presupuesto elevado, con relación a lo que se iba a desarrollar.

Para avanzar en este proceso de indagación, el organismo solicitó copia de los convenios suscritos, así como información de los funcionarios de las entidades vinculadas que tuvieron relación con la elaboración de los documentos.


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