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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió estudiar una acción popular que pretende que se suspenda la posesión en Cali, Valle del Cauca, del presidente Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto.
Esta demanda fue presentada por parte de David Fernando Cano Mazuera en la que se alega la protección de los derechos e intereses colectivos amenazados por las decisiones, actuaciones y omisiones relacionadas con el traslado de sede del Congreso de la República a esta posesión presidencial inicialmente proyectada en el departamento del Cauca y posteriormente aprobada para la ciudad de Cali.
“La presente acción no pretende suspender el acto constitucional de posesión presidencial como obligación institucional del Estado, ni sustituir las competencias propias del Congreso de la República”, se señala en la decisión.
De acuerdo con el demandante la finalidad de esta acción judicial es evitar que el traslado excepcional de la sede del Congreso se ejecute sin soporte documental, presupuestal, jurídico, logístico y de seguridad suficiente, con una eventual afectación a los derechos colectivos, recursos públicos y población civil.
Como una medida cautelar se solicita “ordenar la suspensión provisional de los efectos y ejecución material de las proposiciones, acuerdos, decisiones o actuaciones del Senado y de la Cámara de Representantes que aprobaron el traslado de sede del Congreso para la posesión presidencial en Cali, hasta tanto las autoridades accionadas acrediten ante el despacho, de manera completa, pública, certificada y verificable”.
Estas peticiones con carácter de urgencia fueron realizadas al Congreso de la República de Colombia, Senado de la República, Cámara de Representantes, Mesa Directiva del Senado de la República, Mesa Directiva de la Cámara de Representantes y a la presidencia del Senado.
Dentro de la documentación requerida por parte el autor de la demanda se reclama el texto exacto del acuerdo entre Senado y Cámara; las proposiciones aprobadas en cada corporación; las constancias de radicación; órdenes del día definitivos; actas de sesión y certificaciones de quórum deliberatorio y decisorio.
Así mismo, se requirió tener información sobre la votación nominal completa; concepto jurídico sobre competencia, procedimiento y alcance del traslado.
También la petición está orientada a conocer los estudios presupuestales comparativos de los gastos que implicaba llevar a cabo esta posesión en Cali frente a lo que representa hacerlo en Bogotá o el Cauca.
“Fuente presupuestal, CDP, RP, contratos, adiciones o modificaciones; estudios de seguridad, movilidad, evacuación, protesta social, salubridad y gestión del riesgo; plan integral de protección de congresistas, comunidad universitaria, ciudadanía, manifestantes, prensa e invitados; certificación de costos adicionales derivados exclusivamente del traslado de sede y una certificación de que el escenario escogido cumple condiciones técnicas, logísticas, sanitarias, de aforo, evacuación y seguridad”, agrega el documento.
Como una medida cautelar complementaria el demandante solicitó ordenar a las autoridades vinculadas que se abstengan de comprometer, adicionar, modificar o ejecutar recursos públicos adicionales derivados exclusivamente del traslado de sede a Cali, mientras no exista certificación oficial de necesidad, proporcionalidad, legalidad presupuestal, fuente de financiación y análisis de costos comparativos.
