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La Fiscalía General solicitó a un juez de control de garantías que le imponga medida de aseguramiento y ordene enviar a prisión a Walter Francisco Martínez Martínez, primer capturado por estar presuntamente relacionado con conglomerado empresarial de la marca Lili Pink que, con la fachada de una cadena de venta de ropa intíma femenina permitió el ingreso de millonarios recursos de origen ilícito y de contrabando al país.
Para la fiscal delegada esta medida se torna necesaria y proporcional, porque Martínez Martínez se constituye en un peligro para la comunidad y un riesgo de obstrucción al proceso, ya que los otros involucrados con esta estructura criminal siguen en libertad.
Esta petición fue respaldada por el abogado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quien insistió en que es urgente imponer una medida restrictiva para Martínez Martínez, ya que existe el riesgo de que pueda evadir la justicia,, como sucede con otros de los implicados con este mega-lavado de activos.
“Se acredita que el procesado habría participado activamente en la comisión de los delitos de lavado de activos, contrabando , concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito”, dijo el abogado de las víctimas.
Así mismo, sostuvo que “se ha establecido que el señor Martínez Martínez desempeñaba un rol específico dentro de una organización criminal estructurada, consistente en la representación de empresas de papel utilizadas para canalizar ingresos de mercancías desde el exterior para su posterior comercialización en el territorio nacional”.
Tras haber sido legalizada su captura por parte de un juez de control de garantías, el fiscal delegado le imputó cargos a Martínez Martínez como supuesto autor de los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y contrabando, con adición de enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con los investigadores este hombre estaría ligado a las actividades irregulares con el uso de importadoras de papel como empresas fachada para evadir controles aduaneros y mover mercancía hacia Innova, Quality S.A.S., Pink Life y Fast Moda S.A.S.
Otro de los agravantes que se argumentó para justificar su envío a prisión es que incurrió en conductas criminales que atentan contra el orden económico y social de una forma sustancial dado el monto establecido del lavado de activos y la continuidad del delito, mediante mecanismos muy sofisticados orientados a evadir los controles legales.
A esta audiencia Martínez Martínez acudió desde una clínica a donde fue trasladado tras registrar algunos problemas de salud luego de su captura.
Tanto la Fiscalía como la representación de víctimas coincidieron en advertir que la condiciones médicas y de salud por si solas no justifican la necesidad de otorgarle un beneficio judicial como el de la detención domiciliaria a una persona que aparece implicada en graves delitos.
Como operó el mega-lavado de activos de Lili Pink
Los elementos de prueba recolectados por la Fiscalía permitieron evidenciar que la organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.
Según los investigadores estas maniobras criminales estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal.
Leonardo Quevedo Castillo, director Especializado de la Fiscalía contra los Delitos Fiscales señaló que se logró documentar un lavado de activos en un monto superior a los 730.000 millones de pesos.
Además, se estableció un enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones.
De igual manera, la Fiscalía avanza en los operativos de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento contra otros de los implicados en este entramado de corrupción. En desaroloo de este proceso se indaga la responsabilidad de los fundadores de la empresa Max Abadí y su hijo David Abadí, cuya familia tiene una amplia trayectoria en el sector textil colombiano.
Las tiendas Lili Pink y otros bienes embargados
Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director Especializado de la Fiscalía de Extinción del Derecho de Dominio reportó que durante los operativos de los agentes del CTI hasta el momento han sido embargados un total de 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad.
Tras haber sido objeto de embargo estos bienes serán sometidos a evaluó comercial por parte de los peritos técnicos del CTI.
Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia.
“Las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social, mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante jueces de la especialidad”, añadió el fiscal Cárdenas Restrepo
