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La determinación de compulsar copias ante la Corte Suprema de Justicia en contra del congresista se adoptó el pasado 21 de noviembre por parte del fiscal quinto delegado ante el Tribunal Superior de la Dirección de Fiscalías Nacionales, Alfredo Parada Ayala.
La medida se tomó a raíz de una investigación que se viene adelantando en el ente acusador por una supuesta defraudación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En el caso se han tomado decisiones como imputaciones de cargos por los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, falsedad material en documento privado, prevaricato por acción y peculado por apropiación.
En el expediente de la Fiscalía reposan testimonios que son considerados claves, como las declaraciones de los ciudadanos Jaime Enor Agamez Pineda y Álvaro Enrique Burgos del Toro, quienes señalan la supuesta participación del senador Benedetti en conductas contrarias a la ley.
Uno de los soportes del caso es la reciente negociación de la Fiscalía General de la Nación bajo la figura de un principio de oportunidad al que llegó con Álvaro Enrique Burgos del Toro, quien fungirá como testigo de las autoridades en contra de los implicados, mientras cesa la acción penal durante un año.
Burgos Toro habría manifestado que el senador Benedetti habría exigido el 20% del dinero dentro del desfalco al magisterio en el departamento de Córdoba.
Además, de acuerdo con las indagaciones de los investigadores de la Fiscalía, el robo se estructuraba con la actuación irregular de un grupo de abogados que radicaba ante jueces de la República demandas falsas contra ese fondo de prestaciones sociales de docentes en Córdoba. Dichas representaciones legales recaían a la Fiduprevisora y ahí, al parecer, un porcentaje de los dineros producto de esas demandadas iban a parar supuestamente al congresista Armando Benedetti.
