La FM en Google News
La FM conoció en primicia que la Fiscalía evalúa citar a declarar el secretario general de la cámara de representantes Jaime Luis Lacouture, para impulsar las investigaciones por el decomiso de 145 millones de pesos a su escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP)en la Guajira en medio de los operativos que se adelantan para evitar posible compra de votos.
Así lo reveló en diálogo con La FM la directora Especializada de la Fiscalía contra la Corrupción, Madeleyne Pérez Ojeda, quien indicó que el fiscal delegado para este caso avanza en la práctica de las pruebas con el fin de determinar si estos dineros estarían relacionados con una posible compra de votos o un eventual lavado de activos.
Explicó que aunque el escolta de la UNP Luis Alfredo Acuña quedó en libertad tras haber sido capturado con esta millonaria suma de dinero y publicidad del candidato al Senado y actual representante a la cámara por Antioquia del partido conservador por Antioquia Daniel Restrepo en el municipio de Hatonuevo, Guajira, las labores judiciales no han cesado para determinar el origen y procedencia del dinero.
“Sí, nosotros estamos haciendo todas las labores de investigación, de verificación, porque el hecho de que él haya quedado libertado, que un juez de control de garantías haya decretado ilegal el procedimiento por haber superado las 36 horas, no quiere decir que la investigación no continúe. Estamos trabajando para verificar la procedencia de ese dinero y también para verificar si efectivamente hay alguna relación con algún delito electoral”, indicó la fiscal Pérez.
Estos 145 millones de pesos estaban distribuidos en siete sobres de Manila, marcados con varios nombres en específico, de los cuales tres de ellos serían concejales de Riohacha.
De acuerdo con los investigadores estos nombres al parecer corresponderían a Kevin Cantillo, concejal por el partido de La U; Christian Bermúdez, también concejal de Riohacha por la coalición Cambio Radical y Colombia Renaciente, y Gandhi Romero Epinayú, del Partido Liberal.
A ellos se suman Débora Barros, una abogada y activista indígena de la etnia Wayuú; “Beba Ramírez”, quien sería la exconcejal de Maicao, Laura Marcela Ramírez Cantillo; Edwin Solano, exsecretario de Desarrollo de la Alcaldía de Maicao, y Rosa Pacheco, quien fue diputada y presidió la Asamblea de La Guajira.
También confirmó que se alistan otras órdenes de policía judicial por parte del la fiscalía delegada, entre ellas una prueba de grafología para determinar quién escribió los nombres en los sobres a los que supuestamente iban dirigidos estos dineros.
“La Dirección Seccional está con su equipo de investigadores tratando de establecer quiénes son esas personas, en dónde residen y, bueno, los actos de investigación que tienen que ver con la verificación de la existencia, por lo menos, de esas personas”, indicó la fiscal Pérez Ojeda.
El juez ordenó la devolución de los 145 millones de pesos al escolta, argumentando que la Fiscalía y la Policía por ahora no probaron la ilicitud del dinero al momento de la captura.
