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Una cadena de omisiones administrativas, deficiencias técnicas y presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos quedó al descubierto tras las actuaciones de control fiscal adelantadas por la Contraloría General de la República en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, durante 2025.
El ente de control impuso una sanción cercana a los $12 millones al alcalde José Elías Chams, luego de establecer que la Alcaldía no entregó de manera oportuna ni completa la información solicitada en una auditoría de cumplimiento realizada en 2024.
La Contraloría concluyó que las respuestas fueron extemporáneas, incompletas y sin los requisitos formales, lo que obstaculizó la vigilancia fiscal sobre obras que hoy presentan fallas estructurales y retrasos.
Las investigaciones revelan un patrón repetido: proyectos mal planeados, ejecutados sin control técnico efectivo y con pagos que no corresponden a lo realmente construido.
El caso más crítico corresponde a la obra de alcantarillado del barrio Evaristo Sourdis, por la cual se abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $4.241 millones.
Informes técnicos evidencian fallas en los diseños iniciales, uso de materiales de baja calidad, deficiencias constructivas y el pago de actividades que nunca fueron ejecutadas, comprometiendo el funcionamiento del sistema de saneamiento.
A esto se suma la adecuación del patinódromo municipal, donde la Contraloría detectó irregularidades técnicas que derivaron en la apertura de otro proceso fiscal por $460 millones, al considerar que la obra no cumple con las condiciones mínimas de seguridad y funcionalidad para los usuarios.
Dentro de la estrategia Compromiso Colombia, la lupa también está puesta sobre la canalización de los arroyos Los Robles, Primero de Diciembre y Siete de Agosto, un contrato por $10.759 millones que fue declarado de impacto nacional, pero que no ha sido terminado ni cumple el objetivo para el cual fue contratado. La investigación busca establecer si lo pagado corresponde con lo efectivamente ejecutado.
Las indagaciones se extienden a la Plaza Central y a la avenida Bogotá, donde se detectaron hallazgos fiscales por $2.553 millones, asociados a obras inconclusas, doble pago de ítems, falta de interventoría y ausencia de seguimiento en tiempo real.
Mientras tanto, otras infraestructuras como el Polideportivo Villa Olímpica, entregado hace una década y sin uso, y la ludoteca municipal, terminada pero vandalizada antes de entrar en operación, refuerzan la sanción del ente de control.
