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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó que, tras una exhaustiva validación en sus registros oficiales y sistemas de información, el predio ‘La Mandinga’, ubicado en Cáceres (Antioquia), no hace parte de los bienes bajo su administración.
Este pronunciamiento contradice la versión del Ejército Nacional, institución que había señalado a la SAE como la responsable de la custodia de dicho terreno, luego de que una investigación periodística del diario estadounidense The New York Times denunciara operaciones de minería ilegal vinculadas al Clan del Golfo dentro del perímetro militar en Caucasia.
Ruta judicial del inmueble
De acuerdo con la SAE, el historial del predio revela que fue objeto de embargo por el Tribunal Superior de Bogotá en un proceso de Justicia y Paz. Sin embargo, en febrero de 2020, una decisión judicial declaró la extinción de dominio y ordenó su transferencia al Fondo para la Reparación de las Víctimas, administrado por la Unidad para las Víctimas.
Además, la entidad aclaró que ‘La Mandinga’ nunca le fue entregada por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), según consta en las actas de empalme de 2014.
La investigación del New York Times: Minería en el Batallón Rifles
La controversia escaló tras la denuncia del fotoperiodista Federico Ríos, quien documentó para The New York Times una infiltración minera sin precedentes en el Batallón de Infantería N.º 31 Rifles.
Hallazgos principales:
- Ubicación: La extracción de oro no ocurre en zonas aledañas, sino dentro del perímetro de la base militar.
- Proximidad: Imágenes de drones y satélites muestran excavaciones a escasos 137 metros de las dependencias internas del batallón.
- Financiamiento: La operación serviría como fuente de recursos para el Clan del Golfo, permitiéndoles sostener su control territorial en el Bajo Cauca antioqueño.
¿Cómo se documentó el hallazgo?
Ríos relató a La FM que, tras dos años siguiendo la ruta del oro, llegó a la zona y evidenció el uso de motores, mangueras de alta presión y mercurio. El testimonio de un minero fue la clave: “¿Qué opinan ustedes de que también haya mineros trabajando dentro del batallón?”.
El periodista confrontó al comando de la base, donde inicialmente negaron los hechos. No obstante, durante una reunión en la oficina del coronel, el ruido de los motores era audible. Tras la insistencia del comunicador, se realizó un recorrido en terreno dentro de la base que confirmó la presencia de la actividad ilegal.
Respuesta del Ministerio de Defensa y el Ejército
Ante la gravedad de las denuncias, la Séptima División del Ejército se pronunció asegurando que la finca ‘La Mandinga’ tiene una extensión de 2.000 hectáreas y limita directamente con el cantón militar.
Según la institución, cerca de 2.500 mineros informales han ocupado ilegalmente el área, causando un daño ambiental "severo e irreversible". El Ejército reiteró que la responsabilidad administrativa del lote recaía en la SAE, versión que ahora queda en entredicho tras la respuesta oficial de dicha sociedad.
