La FM en Google News
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sometió este viernes a indagatoria al senador por el partido Cambio Radical, Richard Aguilar, por estar presuntamente implicado en irregularidades en materia de contratación.
La diligencia judicial está siendo coordinada directamente por el magistrado de la Sala de Instrucción, Cesar Reyes.
Este proceso se relaciona con la labor que realizó Richard Aguilar como gobernador del departamento de Santander, entre los años de 2014 y 2015.
Le puede interesar: La presión para producir bajas dio pie a estas atrocidades: Santos sobre falsos positivos
Los magistrados informaron en su momento que esta investigación contra el congresista de Cambio Radical gira en torno a la presunta asociación para cometer una serie delitos contra la administración pública.
Las presuntas irregularidades se relacionan con seis contratos que al parecer se entregaron a dedo para favorecer el pago de 'coimas' a terceros.
Uno de esos contratos estaba destinado al reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga (2015), mientras que otro fue para la interventoría de esa obra.
También se encontraron irregularidades en tres contratos de obras viales (2014) y un contrato para el suministro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2014.
La investigación penal que tiene en sus manos la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, señala que presuntamente hubo órdenes de Richard Aguilar a funcionarios, para que los contratos fueran direccionados a ciertos contratistas, a cambio de dádivas para favorecer a terceros.
Lea también: Aníbal Gaviria calificó de injusta la decisión de la Corte sobre su libertad
Ese tribunal llamó a indagatoria al actual congresista por los delitos de comisión de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés ilícito en la celebración de contratos.
El congresista por el partido Cambio Radica compareció a la diligencia ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en compañía de sus abogados, acorde a los protocolos que lo amparan dentro del debido proceso y el derecho a la defensa.
