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La Fiscalía General radicó el escrito de acusación en contra del exsenador Richard Aguilar, procesado por presuntamente exigir millonarios sobornos para la entrega de contratos de infraestructura cuando fungió como Gobernador de Santander (2012-2015).
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En el escrito de acusación se vincula a Aguilar con haber direccionado la contratación de obras civiles y del Plan de Alimentación Escolar (PAE) para favorecer a un grupo amigos, familiares y particulares que se comprometieron a pagar dádivas para resultar beneficiados.
Richard Aguilar deberá responder en juicio por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
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El entonces senador fue capturado el pasado 27 de julio por orden de la Corte Suprema de Justicia que avaló las declaraciones de varios exfuncionarios de la Gobernación de Santander que detallaron la forma en cómo se adelantó la contratación pública durante la administración de Aguilar.
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En el documento, que fue radicado ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General advierte que el entonces gobernador construyó una “empresa criminal” para direccionar la entrega de contratos, saltándose por completo los principios de contratación pública.
A un grupo de participares le cobró el 10% del valor total de cada obra o proyecto adjudicado. Para “analizar” y “desviar” las propuestas, el Gobernador constituyó un comité asesor con varios de sus subalternos para garantizar que los contratos fueran ajustados y quedaran en manos de las personas que él recomendaba.
Con el fin que resultara más efectiva la entrega de contratos, designó a dos personas de su entera confianza como secretaria de Infraestructura y director de Gestión de Infraestructura.
