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"Estoy acá por mi hermana, ella me da fuerzas, estamos pidiendo a gritos poder ver a los asesinos de mi hermana, quien tenía dos meses de embarazo", expresó María Faustina Martínez, hermana de Noemí Pacheco, una niña wiwa de 13 años asesinada por miembros del batallón 'La Popa', durante la audiencia de reconocimiento de 12 militares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
"Si a ellos los mandaron a cuidarnos, ¿por qué no nos cuidaron?", reclamó a los comparecientes María Faustina, quien en homenaje a la memoria de su hermana y otras víctimas de las etnias wiwa y kankuamo, dejó en el auditorio un poporo.
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A su turno, Efrain Andrade Perea, uno de los militares que cometió falsos positivos cuando estaba en el Batallón de la Popa contó que lo llevó a cometer estos crímenes.
"Las bajas se hacían entre el comandante del batallón, el jefe paramilitar, alias '39' y Manuel Valentín Padilla. El jefe paramilitar llamaba al batallón para recoger a las personas que serían asesinadas y presentadas como bajas", según recordó Andrade Perea.
Se presentó la oportunidad para Neila Arias, quien quebrada en llanto, narró el asesinato de su padre Enrique Laines Arias Martínez, indígena kankuamo, ocurrido el 22 de junio de 2004. Ella exigió justicia y pidió establecer además responsabilidad de las personas de la etnia que señalaron a su padre de guerrillero.
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Víctimas y victimarios contaron a su manera lo acontecido. Cuando llegó el turno de Carlos Andrés Lora Cabrales, excomandante del grupo especial Trueno, los presentes conocieron para qué fueron creadas estas unidades militares.
"Pertenecer a ese pelotón era un orgullo, a esta edad de 44 años, entiendo que ese pelotón fue creado para asesinar personas", comentó Lora Cabrales.
La jornada de este martes es presidida por el magistrado Óscar Parra, relator del subcaso Costa Caribe, Caso 03, acompañado por las magistradas Belkis Izquierdo y Nadiezhda Henríquez, de la Sala de Reconocimiento; y el magistrado Alejandro Ramelli, del Tribunal de Paz.
