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Las autoridades capturaron a seis israelíes y dos colombianos, entre ellos, un policía, que liderarían una red de explotación sexual y proxenetismo en Medellín, Santa Marta, Bogotá y Cartagena.
Las víctimas eran menores de edad con problemas económicos y familiares, a quienes ofrecían entre 200 y 400 mil pesos.
Néstor Humberto Martínez, fiscal General de la Nación, explicó que militares retirados de Israel compraban los paquetes turísticos sexuales y se gastaban el dinero de las indemnizaciones en fiestas y lujuria en Colombia.
"La red criminal ofrecía actividades sexuales con menores de edad, con toda clase de consumo de drogas. Los paquetes eran promovidos con ciudadanos de Israel, quienes asistían a fiestas privadas, con música electrónica, en la que prevalecía la esclavitud sexual", señaló.
La investigación comenzó en el 15 de junio de 2016 en Medellín, donde fue asesinado un ciudadano israelí, al parecer, por un compatriota, con quien tenía diferencia dentro del negocio ilícito.
El Fiscal señaló que el presunto responsable del crimen fue expulsado del país, cuando estaba a punto de ser detenido.
"Desde ese momento, la Fiscalía y la Dijín establecieron que el presunto determinador del asesinato era Assi Ben Mush, se descubrieron sus propiedades en la Costa y se constató que sería el coordinador de los planes turísticos".
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Los investigadores recibieron los testimonios de 21 jóvenes. Sin embargo, las víctimas serían muchas más, debido a que las autoridades interceptaron un chat de WhatsApp de los proxenetas en el que había 70 menores de Medellín.
El policía detenido filtraba información confidencial a los proxenetas sobre las investigaciones. Los ocho capturados deberán responder por nueve delitos, entre ellos, homicidio, concierto para delinquir, proxenetismo, turismo sexual y lavado de activos.
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La Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio el Hotel Casa Medellín, ubicado en el sector Estadio; la Casa Bejamín en Santa Marta y la Casa Golán en Cartagena, utilizados para el hospedaje de los turistas.
Cabe señalar que los activos incautados ascienden a los 150 mil millones de pesos.
