La FM en Google News
Al menos seis de los 19 muertos que dejó esta semana un bombardeo militar colombiano contra disidentes de las FARC en el departamento del Guaviare (centro-sur) eran menores de edad, denunció este sábado la Defensoría del Pueblo, que pidió respetar el derecho internacional, aunque recalcó que la responsabilidad final recae en los grupos armados que los reclutan.
"Todo esto es lamentable, es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables: a menores de edad reclutados por falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares", sostuvo la defensora, Iris Marín, en un comunicado.
La reacción de Gustavo Petro tras la denuncia de la Defensoría
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó esta semana a las Fuerzas Militares bombardear y disolver las disidencias de las FARC comandadas por Néstor Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.
Uno de esos ataques ocurrió en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, y otro en el selvático Guaviare, donde murieron 19 personas. Petro y su ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ya habían señalado que entre los fallecidos podría haber menores de edad.
La Defensoría del Pueblo confirmó hoy que seis de las víctimas eran niños, niñas y adolescentes reclutados de manera forzada, y añadió que aún hay cuatro cuerpos sin identificar.
¿Qué dice el DIH sobre la protección de menores reclutados?
Marín recordó que, bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH), "ningún niño, niña o adolescente reclutado debería resultar afectado por operaciones militares" y que las Fuerzas Militares "deben adoptar todas las precauciones factibles para protegerlos", siempre al evitar el uso excesivo de la fuerza.
La defensora subrayó también que "la responsabilidad originaria de la muerte de los menores de edad en los bombardeos recae en los grupos armados que los reclutan", en este caso el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC.
La funcionaria recordó que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra y advirtió que "utilizar la presencia de niños, niñas y adolescentes como argumento para cuestionar operaciones militares evidencia que las estructuras armadas ilegales los instrumentalizan como escudos humanos".
Petro, quien asumió la Presidencia en agosto de 2022 con la promesa de retomar diálogos de paz para avanzar hacia la llamada 'paz total', reconoció el pasado jueves, durante una ceremonia de la Policía, que los bombardeos "siempre tienen un riesgo", mientras que el ministro de Defensa sostuvo que "quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna".
