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Durante 30 días el Gobierno Nacional tendrá publicado el proyecto de decreto sobre la aspersión aérea en el que se deberán tener en cuenta los riesgos para la salud que implica la puesta en marcha de esta estrategia para la erradicación de cultivos ilícitos en el país.
El documento da cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T236 de 2017 y el Auto 387 de julio de 2019, que establece la obligatoriedad al Gobierno de no reanudar la aspersión aérea hasta proveer una protección constitucional razonable del derecho a la salud en el marco de la ejecución de esta actividad.
Según la ministra de Justicia Margarita Cabello, la publicación para comentarios del proyecto de decreto no implica una reactivación automática de las actividades de aspersión aérea.
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“Este proyecto regula todas las previsiones establecidas por la Corte Constitucional para poder minimizar los riesgos tanto en salud como medio ambiente poder solicitar a través del ejecutor del programa de aspersión aérea ante el Consejo Nacional de Estupefacientes la posibilidad de autorizar la reanudación de la aspersión aérea en nuestro país”, indicó.
Esta herramienta complementaria de la estrategia integral para la reducción de los cultivos ilícitos y de la producción de drogas será definida por el Consejo Nacional de Estupefacientes una vez se desarrolle la reglamentación que propone el proyecto decreto.
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Este documento desarrollará el control de los riesgos para la salud y medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos, mediante el método de aspersión aérea con el uso del glifosato.
“Este es uno de los pasos para avanzar en la posibilidad de utilizar una herramienta más de todas las que el Gobierno utiliza para luchar contra el narcotráfico y lograr la destrucción de los cultivos ilícitos, por los problemas de seguridad nacional y por las problemáticas que genera el narcotráfico desde el consumo, la distracción y todo lo que afecta la seguridad en el país”, subrayó.
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El proyecto decreto regula:
La ejecución de la actividad a cargo de la Policía Nacional.
También creará un mecanismo independiente de seguimiento por parte del Instituto Nacional de Salud y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Además realizará una evaluación permanente del riesgo a cargo del Instituto nacional de salud y de la autoridad ambiental.
Se creará una ruta de revisión automática de decisiones frente a la modificación o continuación de la actividad partir de la evidencia de posibles nuevos riesgos que arroje el sistema de evaluación.
Pero también se desarrollarán estudios antes, durante y después de la ejecución de la actividad sobre los efectos en la salud y el medio ambiente.
Se tendrá en cuenta un procedimiento independiente de quejas sobre afectaciones a la salud al medio ambiente a bienes agropecuarios y a viviendas.
Por su parte el ministro de Medio Ambiente Ricardo Solano, destacó que en ese documento se protegen los páramos y parques nacionales del país.
“Frente a la propuesta de este decreto hace referencia de la exclusión de los parques naturales de Colombia, regionales, los sistemas estratégicos como paramos, humedales, centros poblados y hasta los cuerpos de agua”, puntualizó.
Además se mantendrá la protección especial sobre las comunidades indígenas donde se deberán tener en cuenta unos protocolos especiales porque en estas no está permitida la aspersión aérea.
