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La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, anunció el inicio de actuaciones disciplinarias por las denuncias de Sneyder Pinilla, exsubdirector de Gestión del Riesgo, en las que señaló que los congresistas Iván Name y Andrés Calle habrían recibido dinero para impulsar las reformas y elecciones regionales.
Cabello dijo que ordenó el inicio de estas actuaciones para esclarecer la presunta responsabilidad de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes en los hechos que fueron denunciados por el ex subdirector de Gestión del Riesgo, por lo que ordenó práctica de pruebas.
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“Ante la gravedad de los hechos denunciados, relacionados con presuntos actos delictivos y de corrupción que involucran, al parecer, a altas dignidades del órgano legislativo y a otras funciones del Estado, he ordenado que se proceda con las actuaciones disciplinarias pertinentes y, además, con un completo recaudo probatorio para aclarar esas denuncia”, aseguró la Procuradora.
Por este mismo caso, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación a los presidentes de las corporaciones del Congreso, pues buscan establecer si lo dicho por Pinilla es motivo para abrir una investigación formal contra Name y Calle.
Sneyder Pinilla afirmó en una entrevista a Revista Semana que los congresistas habrían recibido $4.000 millones en efectivo para aprobar las reformas del Gobierno y para impulsar las elecciones regionales, hechos que se dieron entre septiembre y octubre del 2023.
Pinilla explicó que primero, para la entrega de $3.000 millones a Iván Name, "la plata me la entregan en efectivo y yo entrego la plata en efectivo a la persona que envió el doctor Name…Eran dos maletas negras con fajos de billetes de $50.000 y $100.000”.
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Además, dijo que la mensajera y encargada de recoger ese monto para el senador Name fue la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.
El exfuncionario afirmó que los $1.000 millones que le habrían sido entregados al presidente de la Cámara, Andrés Calle, fueron entregados personalmente por él, quien asistió hasta el apartamento del congresista en Montería.
Esta información será tenida en cuenta por la Procuraduría, que recolectará las demás pruebas y testimonios para avanzar en las actuaciones disciplinarias que permitan establecer si los congresistas tienen responsabilidad en los hechos denunciados.
