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La Procuraduría General radicó formalmente la apelación ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en contra de la decisión de darle amnistía a la exguerrillera de las Farc, Marilú Ramírez Baquero por su responsabilidad en el ataque terrorista a la Escuela Superior de Guerra, registrado el 19 de octubre de 2006 en el norte de Bogotá.
Para el Ministerio Público, no se puede desconocer el hecho que el carro bomba estalló en una escuela de formación militar pero universitaria, citando que ahí se encuentra la Universidad Militar Nueva Granada.
En este sentido se manifiesta que no se puede hablar de un ataque contra una base militar o de policía, reseñando que un grupo de estudiantes resultaron gravemente heridos tras la explosión de la camioneta.
Debido a esto, le piden a la JEP que no omitan estos hechos que representan una clara violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y se le quite la categoría de acto amnistiable a todo el atentado terrorista.
La Procuraduría General asegura que la base de la JEP es la defensa de las víctimas de hechos relacionados con el conflicto armado interno, situación por la cual no se puede desconocer las afectaciones que sufrieron los militares que estaban en la Escuela Superior de Guerra.
En los argumentos enviados a la Sección de Apelaciones de la JEP se manifiesta que el atentado con carro bomba es un "crimen de guerra" y no puede ser amnistiable, reseñando que tanto militares como civiles ajenos al conflicto resultaron lesionados.
El hecho de utilizar un vehículo tipo camioneta y cargarlo con tantos explosivos representa que se buscaba causar el mayor daño posible tanto a las instalaciones como a las personas que se encontraban en ese momento en la misma.
Esto de por sí representa una violación a las normas internacionales y los tratados firmados por Colombia. Otro de los puntos, es que en la decisión de amnistía no se valoró el principio de humanidad.
