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La Procuraduría presentó una recusación contra siete magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que pide apartar a los funcionarios de la discusión sobre el ingreso del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a ese tribunal, que ha sido cuestionada por el organismo de control.
La Procuraduría señala que los magistrados no son imparciales para participar de la apelación de la tutela que fue rechazada en primera instancia, pues resalta que tuvieron conocimiento del caso de Mancuso en diferentes etapas.
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“No puede afirmarse pues, que en tales condiciones exista objetividad y, por ende, imparcialidad en los honorables magistrados recusados para desatar la impugnación promovida, para adoptar una posición neutral, cuando han dejado claramente sentada su postura en uno y otro escenario”, dice el documento.
Esta solicitud fue hecha en medio de la apelación que presentó la procuradora delegada contra la decisión de la JEP de rechazar una tutela que pedía anular el ingreso de Mancuso, pues afirmaban que el tribunal especial no tenía competencia.
Para la Procuraduría, esa jurisdicción no puede asumir los casos de los actos cometidos por Salvatore Mancuso como integrante de las AUC, pues el ingreso del exjefe paramilitar fue en calidad de un agente tercero que tenía relación con agentes del Estado.
Además la delegada resaltó que las víctimas se verían afectadas si Mancuso se mantiene en la jurisdicción, debido a que la JEP no impone el pago ni reconocimiento de multas económicas para reparar a las familias de las personas afectadas.
"El sistema de indemnización a las víctimas del proceso de Justicia y Paz deja a salvo la obligación en cabeza del victimario de reconocer la totalidad de la indemnización o reparación decretada dentro del proceso judicial”, añadió el documento.
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La jurisdicción deberá estudiar los argumentos del organismo para tomar una decisión final con respecto a mantener a Salvatore Mancuso, siendo juzgado por ese tribunal.
