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En este documento conocido por LA FM, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva, le hace un llamado al ministro Cárdenas para que no se vulneren los derechos fundamentales de quienes están privados de su libertad ante la negativa de esa cartera de enviar los recursos correspondientes.
“Se sugiere a esa Cartera revisar las decisiones que se asuman sobre la destinación de recursos para protección del derecho a la alimentación de los internos y todos aquellos derechos que pudieran verse afectados en caso de no garantizar las condiciones mínimas de vida digna”, señala el documento.
El requerimiento que realizó la Procuraduría, se basó en varias advertencias realizadas a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios sobre los contratos de alimentación y la necesidad de los mismos para no dejar desprotegidos los derechos de estas personas.
No obstante, la Uspec respondió a estos requerimientos advirtiendo que el Ministerio de Hacienda, había manifestado la imposibilidad de enviar los recursos “teniendo en cuenta las dificultades fiscales y las restricciones impuestas para el cumplimiento de la regla fiscal consagrada en la ley 1473 de 2011”.
