La FM en Google News
La Procuraduría General de la Nación abrió dos indagaciones previas para esclarecer presuntas irregularidades en la contratación pública y el manejo de recursos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
De acuerdo con el ente de control, las actuaciones tienen dos frentes; por un lado, el Hospital Departamental, donde se denunciaron posibles fallas en la prestación de servicios, equipos médicos sin utilizar y contratos con terceros privados; y por otro, la Gobernación, por señalamientos relacionados con la contratación pública y los posibles intereses de familiares de figuras políticas de la isla.
Las dos indagaciones se abrieron después de conocerse denuncias periodísticas. Ahora, el Ministerio Público deberá verificar la información y establecer si existen elementos que justifiquen avanzar hacia una investigación disciplinaria formal.
Equipos médicos guardados, contratos privados y deudas en el hospital
El primer expediente se relaciona con el Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La Procuraduría abrió la indagación previa el 19 de octubre de 2026, a partir de información periodística revelada por La FM.
Sumado a eso, entre los hechos que deberán verificarse está la presunta existencia de equipos médicos nuevos que permanecían almacenados y sin utilizar, mientras, paralelamente, se contrataban servicios con operadores privados para realizar esas mismas actividades.
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es el posible beneficio contractual para el esposo de la gobernadora del archipiélago. Este señalamiento deberá ser examinado por las autoridades para determinar qué contratos se celebraron, quiénes resultaron beneficiados y si hubo alguna irregularidad.
En ese mismo sentido y de acuerdo con la información denunciada, el centro asistencial también tendría pagos pendientes a médicos desde hace varios meses. A esto se suma una situación que genera preocupación en materia sanitaria, presuntas dificultades durante seis meses para garantizar adecuadamente la disposición de residuos peligrosos, debido a la falta de pago de los contratos correspondientes.
Se trata de asuntos que van más allá de los trámites administrativos. Si se confirman, podrían comprometer tanto el funcionamiento de los servicios de salud como las condiciones de seguridad sanitaria para pacientes, trabajadores y la comunidad.
La Procuraduría tendrá que establecer por qué habría equipos disponibles sin uso, por qué se acudía a terceros para prestar esos servicios y qué ocurrió con los pagos relacionados con el personal médico y el manejo de residuos hospitalarios.
El segundo expediente apunta a la contratación de la Gobernación
El otro frente de las actuaciones está en la Gobernación del Archipiélago. En este caso, la indagación previa fue abierta el 20 de octubre de 2026, tras un reportaje de la revista Semana publicado un día antes.
La denuncia pone bajo la lupa presuntos vínculos familiares y posibles intereses en la contratación pública de la región. Entre las personas mencionadas está Norbert Vonblon Pomare, empresario local y esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz.
Los señalamientos plantean interrogantes sobre la influencia que podrían tener esos vínculos en decisiones administrativas y en la adjudicación de contratos públicos.
Sin embargo, es importante hacer una precisión: la apertura de una indagación previa no demuestra que haya existido corrupción, ni establece que las personas mencionadas hayan cometido una falta. La tarea de la Procuraduría es verificar los hechos, identificar a los posibles responsables si hay mérito y determinar si corresponde avanzar en el proceso.
También están bajo escrutinio las decisiones sobre los recursos públicos
Las denuncias se conocen en medio de cuestionamientos sobre el manejo de los recursos del archipiélago y las decisiones relacionadas con la corporación autónoma Coralina.
El presidente Abelardo de la Espriella cuestionó públicamente a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez y a la congresista Elizabeth Jay-Pang por el manejo de fondos públicos y por presuntos intereses relacionados con esa entidad ambiental.
Ese contexto político acompaña las denuncias, pero no reemplaza las pruebas que deben recaudarse dentro de las actuaciones disciplinarias.
La Procuraduría deberá establecer si los contratos cuestionados se ajustaron a la ley, si existieron posibles conflictos de interés y si las decisiones administrativas respondieron a las necesidades del servicio público o pudieron favorecer intereses particulares.
En el caso del hospital, además, será clave esclarecer las denuncias sobre equipos médicos sin utilizar, pagos pendientes al personal de salud y dificultades en la disposición de residuos peligrosos.
¿Qué sigue en las indagaciones?
Por ahora, la Procuraduría abrió dos indagaciones previas distintas: una relacionada con el Hospital Departamental y otra con la contratación de la Gobernación.
El siguiente paso será verificar la información periodística, recaudar documentos y establecer las circunstancias de los hechos denunciados. A partir de esos elementos, el organismo podrá determinar si hay fundamento para abrir investigaciones disciplinarias formales e individualizar posibles responsabilidades.
Para la Procuraduría, la pregunta de fondo es si los recursos públicos del archipiélago se administraron correctamente y si los servicios esenciales, en particular la atención hospitalaria, se vieron afectados por decisiones contractuales o fallas administrativas.
Por ahora, no hay responsabilidades establecidas en estas actuaciones. Lo que existe son denuncias que la Procuraduría decidió examinar.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Por qué abrió indagaciones la Procuraduría?
Por denuncias periodísticas sobre posibles irregularidades en la contratación pública y el manejo de recursos en el archipiélago.
¿Qué se denunció en el Hospital Departamental?
La posible existencia de equipos médicos sin utilizar, contratación de terceros para prestar esos servicios, pagos pendientes a médicos y dificultades con la disposición de residuos peligrosos.
¿Quiénes aparecen mencionados en el segundo expediente?
La denuncia sobre contratación de la Gobernación menciona a Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang.
¿La apertura de las indagaciones significa que hubo corrupción?
No. La Procuraduría debe verificar los hechos y determinar si existen elementos para avanzar en los procesos disciplinarios.
