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Un informe de la Procuraduría General de la Nación revela posibles inhabilidades de algunos funcionarios públicos de la Gobernación de San Andrés y la Alcaldía de Providencia, por tener a familiares muy cercanos suyos trabajando con entidades locales y seccionales de las islas.
El informe habla de tres casos puntuales en los que se estaría presentando el denominado nepotismo, que es la preferencia de algunos funcionarios públicos por tener familiares cercanos trabajando en otras entidades públicas, y que es catalogado como posible corrupción.
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Esos casos se descubrieron a partir de un análisis a partir del cruce de bases de datos del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), el sistema electrónico de contratación con el Estado (Secop) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El informe revela que la esposa del secretario de Turismo de Providencia, Marcos Antonio Robinson, es contratista de la Alcaldía de Providencia.
La Procuraduría también cuestiona que el secretario figura en la base de datos del Departamento Administrativo de la Función Pública en ese cargo, pero la página de Sigep indica que lo dejó en el 2019.
El segundo caso es el del esposo y el padre de la subdirectora de la Corporación para el Desarrollo Sostenible, Magda Masquita, los cuales son contratistas de la Gobernación y de la Alcaldía de Providencia
La Procuraduría también señala que el esposo de directiva de la Gobernación, Jenyffer Villalba, tiene un contrato con esta dependencia departamental.
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La Procuraduría anunció que está analizando esos casos y evaluando si hay pruebas suficientes para tomar decisiones en materia disciplinaria
Cinco mil contratos
Dicho informe también alerta sobre posibles irregularidades en la contratación, al tiempo que indica que según denuncias y hallazgos de la Procuraduría, se han firmado y avalado, en lo corrido del 2020, más de cinco mil contratos, de los cuales por lo menos, 1.700 son de prestación de servicios, por alrededor de 191.000 millones de pesos que al parecer son de difícil vigilancia.
El procurador delegado en la isla, Joaquin Polo, advirtió que los contratos son de difícil vigilancia, en el sentido de que no hay personal que los garantice y vigile su cumplimiento, tampoco habría seguimiento a la ejecución de los recursos que se invierten.
El informe advierte que el personal contratado por prestación de servicios profesionales representa el 85% del total de funcionarios de planta de la Gobernación.
En el caso de la Alcaldía de Providencia, el personal por prestación de servicios es más de cuatro veces el tamaño de la planta de funcionarios públicos.
En ese punto, la Procuraduría advierte que “se hace necesario evaluar el modelo de empleo público y de vinculación con el Estado por medio de contratos de prestación de servicios en el departamento archipiélago, y en especial, en la isla de Providencia”.
