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La Fiscalía General le ofreció excusas públicas al almirante (r) Gabriel Arango Bacci por cobijarlo con medida de aseguramiento por 16 meses en el marco del proceso que se le adelantó por presuntamente entregarle información confidencial a organizaciones dedicadas al narcotráfico.
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En el documento firmado por Astrid Tortocoroma Rojas Sarmiento, directora ejecutiva de la Fiscalía General, se le pide perdón al almirante por la afectación de sus derechos al buen nombre y a la honra.
"La Fiscalía General de la Nación quiere, a través de este escrito, reconocer el dolor que este hecho le causó a usted y a su familia", resalta la comunicación fechada el pasado 30 de diciembre y la cual fue emitida en cumplimiento a un fallo del Consejo de Estado que condenó al ente investigador por la privación injusta de la libertad que sufrió el almirante.
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"Aunque esta comunicación no garantiza el resarcimiento total del daño causado, para la institución es muy importante que se tenga la convicción que estamos trabajando, sin descanso y con todo el compromiso, para que este tipo de situaciones no se repitan", continúa diciendo el escrito de la Fiscalía.
El organismo persecutor del delito en Colombia indicó que la investigación contra el almirante se abrió por una información que llegó "con relación a la presunta participación de oficiales y suboficiales activos y retirados de la Armada en hechos de corrupción".
Después de la práctica de pruebas se determinó que existían méritos para cobijar con medida de aseguramiento privativa de la libertad a Arango Bacci y llevarlo a juicio por presuntamente entregarle información privilegiada a narcotraficantes para que pudieran mover sus cargamentos de droga.
"En efecto, la presunción de inocencia se mantuvo incólume durante todo el proceso penal y, de ninguna manera, fue desvirtuada, incluso, después de impuesta la medida de aseguramiento que lo privó temporalmente de su libertad", indica la petición de excusas públicas.
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En 2010, la Corte Suprema de Justicia absolvió a Arango Bacci de los delitos de enriquecimiento ilícito y nexos con narcotraficantes. Esto al considerar que las pruebas presentadas por la Fiscalía General habían sido manipuladas y los testigos faltaron a la verdad.
La prueba clave del caso era un documento firmado por el mismo contralmirante con las cartas de navegación para los narcotraficantes. La Corte determinó que dicha letra y firma no coincidía y, por obvias razones, el documento había sido falsificado.
Debido a esto ordenó su libertad inmediata y ordenó abrir una investigación contra los comandantes de la Armada Nacional por presuntamente haber participado en la obtención de estas pruebas falsas.
