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El procurador delegado se sumó a la petición de la Fiscalía e indicó que existen pruebas suficientes que advierten que la Niño Farfán habría manipulado una investigación a favor del exparamilitar Orlando Villa Zapata, a cambio de un millonario soborno.
De acuerdo con el procurador, la fiscal, quien tenía una larga trayectoria en la entidad, representa un peligro para la comunidad y existe riesgo de que pueda evadir la justicia, por lo cual es necesaria la medida privativa de la libertad.
Según las investigaciones internas, Niño Farfán le habría entregado información privilegiada al paramilitar Villa Zapata, preso en la cárcel de la Picota y segundo al mando del bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas, que lideraban los hermanos Mejía Múnera, conocidos como ‘los mellizos’.
Dentro de las pruebas recolectadas por la Fiscalía se destacan varios audios que supuestamente evidenciarían que Niño Zapata habría recibió giros por 400 millones de pesos y dos lujosas camionetas, entre ellas una de marca Toyota Fortuner.
El expediente señala que la fiscal Niño Farfán, presuntamente, accedió a esos sobornos a cambio de buscar la libertad del exparamilitar Villa Zapata y favorecerlo en un proceso que se sigue en Santa Marta por cargos de narcotráfico.
Para la Procuraduría, Niño Farfán podría salir del país porque se estableció que compró el año pasado una propiedad en Miami, Estados Unidos por más de 490 mil dólares.
Los investigadores del caso indicaron que al momento de su captura, a la fiscal Niño Farfán se le encontraron 175 millones de pesos en efectivo en su apartamento, ubicado en el conjunto residencial Lagos de Córdoba, en Bogotá.
La fiscal Niño Farfán fue sindicada de cometer los delitos de peculado por apropiación, tráfico de influencias de servidor público, fraude procesal y cohecho.
Por estos hechos también fueron capturados y están siendo investigados Iván Darío González Cañón, asistente de fiscal adscrito al Despacho de la fiscal Niño; el abogado Juan Carlos Restrepo Bedoya y Milena Isabel Paz García, esposa de un postulado a los beneficios jurídicos de la Ley de Justicia y Paz.
