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Un magistrado del Tribunal de Cundinamarca al igual que uno de sus familiares y una abogada habrían participado de una red de corrupción para cambiar decisiones judiciales y que significaron órdenes para el pago de multimillonarias sumas por parte de entidades estatales.
Así lo indicó la Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado, tras asegurar que hay varios elementos probatorios para demostrar la existencia de una organización que se creó para cometer delitos usando el sistema judicial.
De acuerdo con las acusaciones, la abogada Kelly Eslava Montes, el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, y Aldemaro Vargas González, primo del funcionario judicial, habrían concertado proferir fallos judiciales que representaron sanciones económicas, por las que también fueron pagados alrededor de 350 millones de pesos a manera de contraprestación.
Los casos
Según el fiscal de conocimiento, en una de las decisiones la Empresa de Acueducto de Bogotá fue obligada a pagar 67 mil millones de pesos por el predio de un particular ubicado en el humedal Jaboque.
Por este caso la abogada Eslava Montes, quien durante seis meses trabajó como judicante en el despacho del magistrado Vargas Bautista, supuestamente recibió 12.800 millones, de los cuales 145 millones habrían terminado en las cuentas del primo del magistrado, en depósitos que no superaban los 10 millones de pesos.
En otro de los casos, por un fallo que favoreció a un proveedor del Hospital de Ubaté, municipio de Cundinamarca, al parecer se pagaron 206 millones de pesos.
Los antecedentes sirvieron para que la Fiscalía imputara a Kelly Eslava los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, cohecho por dar u ofrecer y acceso abusivo a redes informáticas. Aldemaro Vargas, familiar del magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista, fue imputado como presunto responsable de lavado de activos.
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Aunque tanto Eslava como Vargas rechazaron los cargos en su contra, en la audiencia de imputación de cargos el juez consideró que "existía una organización criminal tendiente a la obtención de dineros para favorecer negocios jurídicos", por lo que decidió enviar a la cárcel a los dos procesados.
