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Los magistrados de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) le ordenaron al Alto Comisionado para la Paz activar las competencias de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y adoptar el plan de acción para combatir y desmantelar las organizaciones criminales que están detrás de los asesinatos de excombatientes de las antiguas Farc en el país.
Esta orden fue impartida por la La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, tras verificar la inexistencia de una estrategia institucional para prevenir la violencia de los grupos delincuenciales que están afectando la reincorporación de los firmantes del acuerdo final de paz.
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Los magistrados también solicitaron a la Procuraduría General de la Nación que adelante las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, toda vez que, pasados cinco años de creada la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, está aún no cuenta con un reglamento interno de trabajo.
Según la JEP esta falencia no ha permitido adoptar una política encaminada a combatir los grupos armados organizados al margen de la ley que afectan el proceso de reincorporación.
“El Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, quien ejerce la secretaría técnica de la CNGS, es uno de los 15 miembros que participa en esta instancia creada en el Acuerdo de Paz para apoyar la construcción de una política pública y criminal para desmantelar las estructuras criminales”, señaló la JEP.
De esta comisión también hacen parte el propio presidente de la República; los Ministros del Interior, Defensa y Justicia; el Fiscal General de la Nación; el Comandante de las Fuerzas Militares; el Director de la Policía Nacional; tres expertos y dos delegados de las plataformas de derechos humanos.
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Según el más reciente balance de la Jurisdicción Especial para La Paz, 306 excombatientes de las Farc que firmaron el acuerdo final de paz han sido asesinados, incluidas 10 mujeres, entre ellas una indígena del Cauca.
