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Pedrito Pereira, alcalde de Cartagena, se refirió en La FM sobre el escándalo sexual que rodea a un grupo de jueces y fiscales españoles que fueron vistos por la ministra de justicia de dicho país, en compañía de mujeres menores de edad en la ciudad amurallada. En sus declaraciones el mandatario aseguró que su administración esta tomando acciones para lograr la extradición de los funcionarios involucrados en el controvertido caso.
"Nuestro primer acto de gobierno fue con el fiscal general de la nación, donde ratificamos nuestra lucha contra la explotación sexual infantil, en ese día se conoció que se había pedido en extradición cuatro turistas por ese delito", explicó Pereira.
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El alcalde de Cartagena indicó que a raíz de las denuncias realizadas por Dolores Delgado, ministra de justicia de España, "donde se habla de un presunto abuso sexual de menores en Cartagena hace unos años", se ha solicitado a la autoridades colombianas que se inicien los procesos para judicializar a esas personas ante la justicia de Colombia.
"Estos españoles tienen que venir a responder y explicar qué fue lo que pasó (...) ese proceso de extradición hay que hacerlo porque Cartagena no puede ser vista como un destino de turismo sexual, eso hay que acabarlo", destacó Pereira.
De acuerdo con una publicación del diario digital Moncloa.com, el relato de los hechos lo comienza el exjuez Baltazar Garzón en una comida donde cuenta una anécdota que le ocurrió en Cartagena, ciudad que había visitado dos veces en cinco meses, junto a el comisario José Manuel Villarejo y mandos policiales.
Según Moncloa.com, la polémica estalló cuando la ahora ministra Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional en ese entonces, reveló que jueces, miembros del Tribunal Supremo y personas de la Fiscalía General del Estado tuvieron encuentros sexuales con menores durante un evento internacional realizado en la ciudad amurallada.
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A su turno la Fiscalía General de la Nación anunció una investigación exhaustiva frente a estos hechos. Mario Gómez, fiscal delegado para la violencia de niños y ñiñas, indicó que se analiza la posibilidad de pedir la extradición de los implicados desde España.
"Es sorprendente y aberrante que tienen una investidura que obliga a respetar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes y actúan en contra de esos mandatos y vulneran a la población de infancia y adolescencia. El caso se va a investigar ", afirmó el Fiscal.
De igual forma, manifestó que a pesar de ser hechos que ocurrieron hace varios años se pueden investigar estas conductas y dar con los responsables.
"La prescripción de estos delitos corre a partir de que el adolescente cumple 18 años y se cuentan 20 años a partir de este momento, razón por la que tienen que ser investigados" , afirmó Gómez.
Las declaraciones del Fiscal fueron entregadas durante la firma del Gran Pacto en contra de la trata de personas y la explotación comercial sexual infantil.
