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La Corte Constitucional garantizó el derecho a la autonomía que tienen las personas en condición de discapacidad mental para decidir si se les realiza o no algún procedimiento de esterilización, como la vasectomía y ligadura de trompas, en el caso de las mujeres.
No obstante, la Corte Constitucional aseguró que si una persona en situación de discapacidad mental pierde la autonomía para decidir sobre su procedimiento de esterilización, (interdicta), deberá ser solicitado por un representante legal, con previa autorización judicial que demuestre esta situación.
"La autonomía reproductiva se garantiza a las personas declaradas en interdicción por demencia profunda y severa y que el consentimiento sustituto para realizar esterilizaciones quirúrgicas tiene un carácter excepcional y sólo procede en casos en que la persona no pueda manifestar su voluntad libre e informada, una vez se hayan prestado todos los apoyos para que lo haga", señala la Corte Constitucional.
La Procuraduría General de la Nación, había enviado un concepto al alto tribunal, en el cual advertía que sería un acto de discriminación si se practican las esterilizaciones quirúrgicamente a las personas con discapacidad mental, sin contar con su consentimiento.
