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Entre los archivos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hay varias versiones de un documento que le dio a pie a su funcionamiento. Una de ellas tiene trescientas diez páginas y, originalmente, ocho firmas del 12 de noviembre de 2016. Es el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Con el tiempo, el apellido terminó acortándose a un mote más sucinto: Acuerdo de Paz. Las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común, Farc, se comprometieron a deponer las armas, entregar verdad, responder a miles de víctimas y recibir sanciones por sus crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Luciano Marín, más conocido por su alias Iván Márquez, fue el jefe negociador de la otrora guerrilla. Hoy es un disidente prófugo de la justicia. Al firmar el Acuerdo en La Habana lo acompañaron Pastor Lisandro Alape, actual coordinador de la implementación del tratado por parte de los exguerrilleros, y Pablo Catatumbo Torres Victoria.
Antes de su vida en la subversión, Catatumbo llevaba el nombre de Jorge Torres Victoria. Es caleño, tiene 73 años y fue senador entre 2018 y 2026, como parte de los compromisos del Estado colombiano con el ahora extinto grupo armado. Se sometió a la JEP, como forzosamente deben hacerlo los firmantes, y ahora no cumple.
Para entrar a la JEP, los exguerrilleros deben suscribir un régimen de condicionalidad: un compromiso de asistir a diligencias judiciales, responder ante la magistratura de la justicia transicional, atender los llamados de otras instancias del Sistema Integral de Paz —como la Unidad de Búsqueda— y, en últimas, reparar a las víctimas.
El excomandante del Bloque Oriental de las Farc y exintegrante del último secretariado de la guerrilla Pablo Catatumbo no ha cumplido. Al menos, no en lo corrido de 2026. La FM tuvo acceso en primicia a un documento de la Jurisdicción Especial para la Paz que le advierte que, de seguir con su renuencia, puede perder sus beneficios.
Iniciando el año, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, la que investiga los once macrocasos de la JEP, establece patrones macrocriminales e imputa y acusa a los máximos responsables de los peores crímenes de la guerra, convocó a cuatro exintegrantes de las Farc a responder por varios hechos. Entre ellos, Torres Victoria.
Las conductas se enmarcan en el 'macrocaso 10', que indaga crímenes no amnistiables cometidos por la guerrilla durante el conflicto armado, como atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas, el ‘burrobomba’ en 1996 en Sucre o el atentado al club El Nogal en Bogotá. Hay más de 3.400 víctimas acreditadas en el Caso.
Los incumplimientos de Pablo Catatumbo activaron una advertencia en la JEP
El 9 de febrero, la Jurisdicción llamó a Pablo Catatumbo a declarar individualmente. Debía presentarse para entregar su versión el 2 de marzo y al día siguiente. Casi tres semanas después, el abogado de Catatumbo pidió aplazar la diligencia porque el hombre se cayó. La JEP le pidió acreditar su estado de salud en máximo quince días.
Ni el caleño ni su defensor, Orlando Bernal Morales, acataron. “El término concedido venció sin novedad alguna por parte del abogado o su representado”, señala un auto de once páginas que La FM conoció en primicia, que firma la magistrada Marcela Giraldo y compulsa copias contra el representante judicial.
El 15 de abril, el apoderado de Catatumbo presentó la historia clínica del firmante de paz y una incapacidad que vencía el 14 de mayo. “La nueva incapacidad venció sin que el representante del compareciente Torres Victoria informara sobre la evolución de su representado”, dice el auto. La JEP reprogramó la versión de Catatumbo para junio.
Durante la instalación de la audiencia en la que el vallecaucano debía responder, el 17 de junio, Orlando Bernal informó sobre “un deterioro” en el estado de salud de Catatumbo, por episodios de vértigo. Cinco días después, pidió que el Instituto de Medicina Legal evaluara el “estado emocional y cognitivo actual” del exjefe guerrillero.
La idea era “determinar si el compareciente se encuentra en condiciones de atender jornadas judiciales prolongadas y de alta exigencia física y cognitiva”. Hace un mes, el 30 de junio, la JEP cambió la modalidad de la versión libre que Pablo Catatumbo está obligado a entregar. Ya no debía presentarse, sino responder un cuestionario escrito.
Tenía diez días para contestar el formulario. La Jurisdicción, asimismo, le ordenó a Medicina Legal practicar una evaluación psiquiátrica forense para, a partir de los resultados, “indicar las eventuales incidencias de dichas condiciones en su capacidad para participar de manera efectiva en diligencias judiciales ante esta Jurisdicción”.
Pablo Catatumbo no replicó. “Vencido el término concedido, el Despacho no recibió respuesta a la versión voluntaria del compareciente, ni comunicación alguna”, narra el auto en poder de La FM, del 28 de julio, exactamente una semana después de que la JEP le pidiera a Bernal y Catatumbo responder el formulario y explicar su desatención.
Bernal aseguró el 23 de julio que ni él ni su cliente habían recibido el formulario, y que incluso solicitó su remisión. Aun así, el despacho de la magistrada Giraldo lo anexó en una respuesta a los reproches del abogado, “y le precisó además que el mismo obraba en el expediente al que tenía acceso y deber de consulta”.
Aplazamientos, incapacidades y silencios marcaron el incumplimiento y la compulsa de copias
Era jueves. El viernes, el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, una oenegé que representa a varias víctimas acreditadas en el macrocaso 10, manifestó su preocupación por que Torres siguiera sin contestar, y pidió considerar un posible incumplimiento del régimen de condicionalidad.
Ya el sábado, Bernal abandonó su actitud conflictiva, pidió disculpas por “la presentación extemporánea de las respuestas al cuestionario”, admitió que no consultó “oportunamente” el expediente virtual y que esperaba un mero envío directo del formulario de parte de la secretaría de la JEP, y prometió reunirse con Catatumbo.
La reunión presagiada debería ocurrir este jueves, 30 de julio, y la radicación del cuestionario ya solucionado, “dentro de los dos o tres días siguientes”. Además, el defensor dijo que le envió a Medicina Legal “la información requerida” para programar los exámenes de la salud de Catatumbo. El Instituto debe informar si eso es cierto.
“Del recuento fáctico se advierte una desatención reiterada de las cargas procesales por parte del defensor de confianza del compareciente”, apunta el auto, que remarca “la falta de atención oportuna” a al menos tres autos desde marzo y a su deber de informar sobre la evolución de la salud de Jorge Torres o de consultar el expediente.
La JEP compulsó copias para que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, la autoridad competente para sancionar disciplinariamente a juristas en la capital, para que “investigue la conducta del abogado Orlando Bernal Morales”. La compulsa incluye dieciséis piezas procesales que demuestran los incumplimientos.
Sin embargo, la justicia transicional fue un poco más laxa con el excomandante guerrillero. Le dio hasta el 4 de agosto para que “allegue la respuesta completa al cuestionario”. “Las circunstancias relacionadas con la actuación de la defensa deben distinguirse de la situación particular del señor Pablo Catatumbo”, zanja el auto.
“En principio, el incumplimiento reiterado y carente de sustento constatado en esta actuación se atribuye a la conducta del defensor”, subraya en el oficio la magistrada Marcela Giraldo, si bien reconoció que “comparte la preocupación expresada frente a la falta de respuesta y a sus efectos sobre la participación de las víctimas”.
Solo si llega el primer martes de agosto y el exguerrillero sigue sin ejecutar su deber, la JEP considerará la posibilidad de abrir un incidente de verificación de incumplimiento del régimen de condicionalidad, el procedimiento por medio del que un compareciente puede aclarar por qué se desmarca de sus obligaciones.
Un eventual incidente de incumplimiento pondría en riesgo la permanencia de Catatumbo en la JEP
En el peor de los casos, un incumplimiento del régimen termina en una expulsión de la justicia transicional. La versión voluntaria que la Jurisdicción le exige al caleño de 73 años es una parte fundamental de su responsabilidad de proporcionar verdad plena y comparecer ante la magistratura siempre que sea llamado.
Medicina Legal tiene hasta el 31 de julio para informar si es cierto, como sostuvo la defensa de Catatumbo, que ya hubo comunicación con el firmante de paz y su defensa; si recibió los datos necesarios para programar un examen; si estos resultan necesarios para coordinar las valoraciones; y si ya se fijó alguna fecha.
Pablo Catatumbo ya tiene una sentencia a cuestas. La primera providencia de ese estilo que emitió la Jurisdicción Especial en la historia condenó a los miembros del secretariado de las Farc por más de veintiún mil secuestros y crímenes asociados a las retenciones, como torturas, desplazamientos forzados y violencia sexual.
Torres deberá pasar ocho años participando en proyectos de desminado humanitario, búsqueda de desaparecidos, actos de memoria y reparación simbólica, e iniciativas de organizaciones para reparar el daño causado durante el conflicto. No pagará un solo día de cárcel, como tampoco lo hará ningún firmante de paz que acepte sus crímenes.
Mientras permanece sometido a la JEP, hay voces que piden mayor franqueza ante las consecuencias de que se desvíe de sus compromisos. Pedro Páez, un abogado experto en derechos humanos que ha litigado ante la Justicia Especial como representante de la fuerza pública y de víctimas, lo resume así, en diálogo con La FM:
“Deben ser un poco más rigurosos, y más aún con aquellas personas que son máximos responsables, que han sido llamados por la Sala de Reconocimiento porque, al ser seleccionados y priorizados, su participación fue determinante en algún patrón macrocriminal. Su comparecencia va a estar más vista por las víctimas”.
La Jurisdicción Especial para la Paz no es una instancia permanente, como las altas cortes colombianas, sino que tiene un tiempo límite. Existe por quince años, prorrogables hasta cinco más si es necesario, así que acabará en 2037. Esa condición “obliga a los magistrados y las magistradas a tener celeridad”, añade Páez.
“No pueden esperar, como pasa en la justicia ordinaria, que los mismos comparecientes y sus abogados puedan dilatar de una forma indiscriminada, marrullera, llámelo como quiera, sin un soporte”, enfatiza el jurista. El posible incidente de incumplimiento podría “presionar” a responder sin retrasos.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué Pablo Catatumbo podría perder sus beneficios ante la JEP?
La Jurisdicción Especial para la Paz concluyó que Pablo Catatumbo ha incumplido reiteradamente sus obligaciones procesales dentro del macrocaso 10, al no atender a versiones voluntarias, responder un cuestionario ni cumplir oportunamente los requerimientos de la magistratura. Si el exjefe de las Farc mantiene esa conducta después del plazo otorgado hasta el 4 de agosto, la JEP evaluará abrir un incidente de verificación de incumplimiento que podría poner en riesgo su permanencia en la justicia transicional.
¿Qué incumplimientos encontró la JEP en el proceso contra Pablo Catatumbo?
El expediente documenta aplazamientos por motivos de salud, incapacidades médicas, la falta de respuesta a requerimientos judiciales y la ausencia de información sobre la evolución clínica de Catatumbo. La JEP también concluyó que el abogado Orlando Bernal, defensor de Catatumbo, descuidó el seguimiento del expediente, no atendió varios autos y presentó explicaciones tardías, por lo que compulsó copias para que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial lo investigue.
¿Qué ocurrirá si la JEP abre un incidente de incumplimiento?
El procedimiento permitirá establecer si Pablo Catatumbo incumplió injustificadamente el régimen de condicionalidad que aceptó al someterse a la JEP. Dependiendo de las explicaciones y de las pruebas, la Jurisdicción podría mantener sus privilegios, imponer medidas adicionales o, en el escenario más grave, expulsarlo del sistema de justicia transicional y retirarle los beneficios del Acuerdo de Paz.
¿Por qué es clave la versión que la JEP le exige a Pablo Catatumbo?
La diligencia hace parte del macrocaso 10, que investiga crímenes no amnistiables atribuidos a las Farc, entre ellos atentados como el del Club El Nogal o al oleoducto Caño Limón-Coveñas. La JEP considera que la comparecencia de Catatumbo es esencial para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y para verificar que uno de los máximos responsables del antiguo secretariado cumpla los compromisos asumidos con el sistema de justicia transicional.
