La FM en Google News
María Eugenia Lopera, representante a la Cámara por el Partido Liberal y vicepresidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, ordenó recaudar pruebas dentro de un proceso contra la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
El expediente se originó por una denuncia de la Red de Veedurías de Colombia (RedVer), que señala a la jefa del ente acusador por presunta negligencia en la fuga de Carlos Ramón González, investigado en el caso de la UNGRD.
La fuga de González y el alcance de la denuncia
González permanece en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega le concedió asilo. La Interpol mantiene una circular roja en su contra. La Fiscalía lo investiga por su presunta participación en el entramado corrupto.
La Red manifestó que la Fiscalía "no ha realizado gestiones para el cumplimiento de la captura contra Carlos Ramón González", exdirector del Dapre y exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, ni contra César Manrique, condenado exdirector de Función Pública.
Aunque la ONG señala directamente a la fiscal Camargo por presunto prevaricato, la Fiscalía ha calificado a González como el artífice de un entramado criminal que direccionó contratos a cambio de apoyo de congresistas al gobierno de Gustavo Petro.
Un juez ordenó en julio capturar al expresidente de la Alianza Verde luego de que la Fiscalía lo imputara por cohecho, peculado y lavado de activos. El ente investigador pidió una orden de captura internacional que la Interpol expidió en septiembre.
Según los testimonios de Olmedo López, exdirector de Gestión de Riesgo, Carlos Ramón González impartió directrices para inflar costos de un contrato y extraer 4.000 millones de pesos que se habrían entregado como sobornos a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso detenidos por orden de la Corte Suprema.
González calificó inicialmente los señalamientos como "calumnias sin fundamento", pero ahora es un prófugo de la justicia. La Cancillería colombiana pidió en agosto a Nicaragua reconsiderar su asilo, solicitud a la que Daniel Ortega y Rosario Murillo se han opuesto.
Pruebas solicitadas y próximos pasos
La Comisión de Acusación le dio a la fiscal Camargo diez días para remitir "un informe de las actuaciones surtidas dentro de la denuncia" como prueba para determinar si la investigación penal en su contra puede avanzar. También le pidió a la Procuraduría General de la Nación pronunciarse.
"Es menester determinar las actuaciones y omisiones concretas en que haya incurrido la funcionaria investigada y, posteriormente, realizar el examen de tipicidad objetiva para establecer si las conductas desplegadas concuerdan" con los delitos señalados en el expediente, aclaró el auto.
Además del prevaricato, la denuncia de la Red expone un presunto incumplimiento de las funciones de la Fiscalía y posibles delitos como concierto para delinquir, fraude a resolución judicial, favorecimiento y abuso de función pública.
La Comisión ya había decretado pruebas el 30 de septiembre, pero Luz Adriana Camargo no ha respondido, por lo que "se hace necesario reiterar" el llamado. "La investigación adelantada obedece exclusivamente a la conducta de la fiscal general de la nación en los hechos denunciados", concluye el documento.
