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Para el próximo 13 de enero quedó programada la audiencia en la cual el juzgado 15 de conocimiento de Bogotá avala o no el preacuerdo firmado entre la Fiscalía General y el exsenador Otto Nicolás Bula Bula en el proceso que se le adelanta por el escándalo de Odebrecht.
En el preacuerdo, presentado formalmente el pasado martes, Bula reconoce su responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho por dar y ofrecer.
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Debido a esto, se fijó una condena de 66 meses de prisión (cinco años y medio) y una indemnización de 6.600 millones de pesos por los daños generados por su actuación.
En el documento se presentó la hoja de ruta para la entrega de una finca ubicada en Montería (Córdoba) para la reparación de las víctimas acreditadas en el proceso penal.
En este punto, el despacho judicial determinó la necesidad de conocer el certificado de tradición y libertad de este bien inmueble, el cual se encuentra actualmente en una Notaría de la capital cordobesa y la Oficina de Instrumentos Públicos.
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Bula, quien fue capturado en enero de 2017, solicitó en el marco de la diligencia judicial que se le garantice su atención médica y un tratamiento. Esto debido a que en los últimos meses ha sufrido desmayos en la cárcel La Picota.
El exsenador manifestó que no está interesado en que se le otorgue la detención domiciliaria o ser trasladado a una guarnición militar, sino solamente que se le garantice su acceso a la salud.
El excongresista es procesado por haber sido pieza clave en el "movimiento" de los 4.6 millones de dólares que envió Odebrecht para garantizar que se le entregara directamente la obra Ocaña-Gamarra.
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La multinacional brasileña habría contactado a Bula para que moviera sus influencias en el Congreso y así lograra que se avalara la adición de dicha obra al contrato de la Ruta del Sol 2 que había recibido Odebrecht en 2009 de manera irregular.
En el Congreso se avalaron las pretensiones de Bula y se negó adelantar una licitación pública para la adjudicación de ese millonario contrato de obra.
