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La defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó una advertencia sobre las operaciones militares contra grupos armados ilegales, tras el bombardeo contra el Frente 33 en el Catatumbo. La funcionaria cuestionó que la muerte de menores de edad en este tipo de acciones termine justificándose como un "daño colateral de la guerra".
Sumado a eso, Marín señaló que en regiones como el Catatumbo, el Cauca y el Guaviare es previsible la presencia de niños, niñas y adolescentes dentro de estructuras armadas ilegales. Por eso, insistió en que las autoridades deben evaluar alternativas y adoptar medidas de precaución para evitar que los menores sigan muriendo en operaciones militares.
“Nos estamos acostumbrando, es que es parte, es un daño colateral de la guerra, el hecho de que mueran menores de edad”, advirtió la defensora y fue enfática en afirmar que el reclutamiento por parte de organizaciones armadas no les quita a los menores su condición de víctimas.
“Esos menores de edad son víctimas, no dejan de serlo por el hecho de que hayan entrado a los grupos armados”, afirmó.
El llamado al Estado y a los grupos armados
La defensora también señaló que la responsabilidad no recae únicamente en el Estado. Recordó que tanto el Frente 33 como el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, incurren en el reclutamiento de menores en el Catatumbo, una práctica prohibida que constituye un crimen de guerra y que debe suspenderse de inmediato.
Sin embargo, advirtió que esa responsabilidad de los grupos armados no exime al Estado de tomar precauciones para proteger la vida de los niños, niñas y adolescentes.
En ese mismo sentido, Marín pidió evaluar hasta qué punto los bombardeos son la mejor alternativa para enfrentar a estas organizaciones cuando existe un riesgo previsible para menores de edad.
De acuerdo con la funcionaria, "no se desconoce la necesidad de combatir a los grupos armados ilegales", pero plantea que las operaciones deben considerar los riesgos y las consecuencias para la población menor de edad.
“Hay que tratar de tomar otras alternativas”, insistió, al referirse a los escenarios en los que las autoridades saben que puede haber menores dentro de los objetivos militares.
El llamado de la Defensoría es a evitar que la muerte de niños, niñas y adolescentes termine normalizándose en medio del conflicto armado. La protección de sus derechos, recalcó, debe mantenerse incluso cuando hayan sido reclutados por estructuras ilegales.
La Defensoría pide diálogo frente a las manifestaciones
En otro asunto, la defensora del pueblo, Iris Marín se pronunció sobre las protestas y manifestaciones convocadas para mañana e hizo un llamado tanto a los participantes como al Gobierno nacional para evitar hechos de violencia y privilegiar el diálogo.
A los manifestantes les pidió expresar sus inconformidades de manera pacífica y abrir espacios para discutir los problemas sociales que están detrás de las movilizaciones. “La invitación es siempre al diálogo, hablar de los problemas sociales que están de fondo, evitar el uso de la violencia por parte de los protestantes y manifestantes”, señaló.
Llamado al Gobierno para limitar el uso de la fuerza
La defensora también pidió al Gobierno nacional aplicar estrictamente los protocolos de actuación durante las jornadas de protesta y garantizar que el uso de la fuerza sea limitado.
En ese sentido, Marín ofreció la capacidad de la Defensoría del Pueblo para acompañar y mediar durante las manifestaciones, con el propósito de facilitar acuerdos y evitar que las tensiones escalen.
La funcionaria insistió en que la respuesta debe orientarse a resolver las diferencias mediante conversaciones y mecanismos pacíficos, sin recurrir innecesariamente a la fuerza. “Ofrecer la capacidad de la Defensoría del Pueblo para mediar y acompañar estas protestas, para promover que se resuelvan rápidamente de la mejor manera, con acuerdos, con diálogo y sin necesidad del uso de la fuerza”, planteó.
Así, la Defensoría puso sobre la mesa dos llamados: en el Catatumbo, revisar las medidas de precaución en las operaciones militares para evitar la muerte de menores de edad; y, frente a las movilizaciones, garantizar tanto el derecho a la protesta pacífica como una actuación responsable de las autoridades.
En ambos escenarios, el mensaje de Iris Marín es que la protección de la vida y los derechos humanos debe estar en el centro de las decisiones del Estado.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Qué cuestionó Iris Marín sobre el bombardeo contra el Frente 33 en el Catatumbo?
Cuestionó que la muerte de menores de edad se justifique como daño colateral de la guerra y pidió evaluar alternativas cuando su presencia en los objetivos militares sea previsible.
¿Qué responsabilidad atribuyó a los grupos armados?
Señaló que el Frente 33 y el ELN deben suspender de inmediato el reclutamiento de menores, una práctica prohibida que constituye un crimen de guerra.
¿Qué pidió la defensora ante las manifestaciones convocadas?
Invitó a los manifestantes a privilegiar el diálogo y evitar la violencia, y pidió al Gobierno aplicar estrictamente los protocolos y limitar el uso de la fuerza.
¿Qué papel ofreció la Defensoría del Pueblo durante las protestas?
Acompañar y mediar para promover acuerdos, resolver las diferencias mediante el diálogo y evitar el uso innecesario de la fuerza.
