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La juez 45 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá suspendió la audiencia de acusación contra Laude José Fernández, investigado por el escándalo de la nueva red de interceptaciones telefónicas ilegales al interior del Ejército Nacional, tras conocerse que llegaron nuevas amenazas contra las directivas del sindicato de pilotos de Avianca.
La abogada de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), considerados cómo víctimas en este proceso, aseguró en la diligencia que en las últimas horas llegó un sufragio contra el capitán Julián Pinzón, director de Seguridad Aérea de la agremiación y su familia.
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En el documento, de origen anónimo, profirieron amenazas en contra del dirigente, además de advertirle acerca de las consecuencias que tendría para su integridad y la de su hogar, el que asistiera a la audiencia en la que sería formalmente acusado Fernández.
Por este motivo fue que la abogada de las víctimas le pidió a la juez que traslade el proceso que se adelanta por el escándalo de chuzadas, a los juzgados 10 y 11 especializados en delitos contra organizaciones sindicales debido a qué las interceptaciones, amenazas y el riesgo en el que se encuentran las directivas de ACDAC, los constituye como líderes sindicales.
Aunque la delegada de Procuraduría, los representantes de las demás víctimas y la defensa de Laude José Fernández Arroyo expresaron su intención de continuar adelantando la audiencia de acusación, la juez determinó remitir el caso al Tribunal Superior de Bogotá.
El capitán Jaime Hernández, presidente de la ACDAC, aseguró que con las intercepciones ilegales se puso en riesgo la vida de quienes exigían el cumplimiento de sus derechos como aviadores.
“La intención con la que presuntamente se cometieron estos delitos, ocurren con ocasión de vulnerar los derechos de los pilotos que participaron en la huelga; de averiguar cuáles eran las acciones jurídicas con las que los pilotos nos íbamos a defender en la Corte Constitucional y ante los juzgados”, señaló.
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En ese sentido agregó que “nuestra abogada considera que lo que pasó con la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles atenta directamente contra el derecho sindical y es consecuencia de haberlo ejercido, por lo tanto debe ser de conocimiento de jueces especializados”.
También resaltó las continuas intimidaciones que han recibido “las amenazas son constantes, no paran (…), por llamadas telefónicas y escritas”, afirmó.
El capitán Hernández además señaló que las intimidaciones se intensifican durante los días previos a la realización de audiencias en torno al caso de Fernández.
Desde que iniciaron las denuncias por el escándalo de las chuzadas, los líderes del sindicato de pilotos de Avianca, han recibido varias amenazas.
“Pedimos un estudio a la Unidad Nacional de Protección en su momento y nos lo negaron y además, empezaron las chuzadas de la Sala Diamante de la Fiscalía; desde que empezó todo esto hemos recibido alrededor de unas 20 amenazas”, dijo.
Pese a que las intimidaciones han sido constantes, todavía no se les garantiza ningún tipo de medida que, contrarreste el riesgo en el que se encuentran.
“Nosotros tenemos que cuidarnos porque en su momento el Estado nos dio la espalda pero aquí estamos, poniéndole el pecho con valor civil. Hemos defendido lo que creemos justo y seguiremos adelante”, afirmó el capitán Hernández.
Así va el proceso
En días pasados un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, negó la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento intramural que pesa contra Fernández Arroyo, por las chuzadas.
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En su momento, el funcionario judicial consideró que Fernández, es un peligro para la sociedad y que adicionalmente puede seguir obstruyendo la justicia, por lo que ordenó que siga privado de la libertad.
Cabe mencionar que el exdirector de inteligencia del DAS y exrepresentante legal de la empresa BRG en Colombia, está siendo procesado por las ‘chuzadas’ que se hicieron desde la plataforma Esperanza, de la Fiscalía General de la Nación.
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De acuerdo con las investigaciones, Fernández influyó para que desde la Fiscalía se hicieran las interceptaciones ilegales, aprovechando sus contratos con Avianca o el Grupo de Energía de Bogotá.
Cabe mencionar que Fernández fue capturado en octubre de 2018.
En esa época, la Fiscalía señaló que el exfuncionario estaba siendo “investigado por la Fiscalía como presunto determinador de interceptaciones ilegales que habría hecho como contratista de la empresa Avianca, en la que presuntamente ordenó escuchas de manera ilegal en contra de los directivos del sindicato de pilotos la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles”.
Por estos hechos le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado, interceptación ilícita de comunicaciones y violación de datos personales.
“Luego de ordenar la espuria interceptación del abonado celular (…) Que en últimas pertenecía al señor Julián Gustavo Pinzón Saavedra, se rindió un informe y se realizaron varios quemados con esta información en el mes de enero y febrero del 2018. Sobre lo anterior, debe destacarse que se encuentra acreditado que el señor Laude José Fernández y el señor Luis Carlos Gómez Góngora, quien firmó los falsos informes de Policía judicial que determinaron esta interceptación y quien a la fecha está condenado por estos hechos”, así lo expresó la Fiscalía, en el escrito de acusación que se radicó meses atrás y que, hoy no se pudo sustentar.
