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La Fiscalía General de la Nación ordenó intensificar las labores judiciales para esclarecer la muerte de once personas en hechos ocurridos entre el pasado 9 y el 11 de septiembre en Bogotá y Soacha (Cundinamarca), como resultado de los desórdenes protagonizados en medio de las protestas que se adelantaron por la muerte del abogado Javier Ordóñez, durante un procedimiento policial.
RCN Radio conoció que, en desarrollo de esta investigación, se ordenó incrementar las labores de análisis y verificación de las pruebas balísticas que están siendo practicadas al censo de 37 armas de fuego que fueron entregadas, por parte de la Policía, con el fin de establecer si los proyectiles que causaron la muerte a varias de las víctimas en este caso, coinciden con las usadas por los uniformados en medio de las protestas.
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Asimismo, los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) también avanzan en la recolección de las declaraciones y entrevistas de familiares de las víctimas y de posibles testigos para recepcionar la mayor cantidad de información que permita judicializar a los responsables de estos homicidios.
De igual forma, se lleva a cabo una una verificación y análisis técnico de las grabaciones de las cámaras de seguridad de cada uno de los sectores cercanos, tanto en Bogotá como en Soacha, Cundinamarca, en cuyas zonas se registró la muerte de las personas en medio de las protestas.
Esta información está siendo cotejada con análisis forenses y las necropsias practicadas a los cuerpos de las víctimas.
Grupo especial
La fiscal delegada para la Seguridad Ciudadana, Carmen Torres, aseguró que por orden del fiscal fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se creó un equipo especializado encargado de dilucidar estos graves hechos, en los cuales además se ocasionaron daños a diferentes bienes comerciales y estatales.
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“En virtud de la relevancia de estos hechos, que además de las muertes enmarcan lesiones personales y daños a infraestructuras particulares y bienes del Estado, se implementó como metodología especial en Bogotá el abordaje de la situación por zonas, lo que permite la obtención adecuada y organizada, tanto de evidencia física como de elementos materiales probatorios”, indicó la fiscal Torres.
Igualmente, los agentes especiales mantienen mesas constantes de trabajo bajo la dirección de fiscales, no sólo para optimizar recursos sino también para generar estrategias para la superación de los obstáculos propios de la investigación.
“De igual manera, se creó una ruta que garantiza transparencia en la judicialización de quienes resultaron capturados por presuntamente afectar el ejercicio pacífico de la protesta”, agregó la fiscal Torres.
