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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tumbó el fallo emitido en el 2017 por el Tribunal Superior de Ibagué que ordenaba el arresto de la ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar, por el desacato de una acción judicial.
El alto tribunal, al resolver un recurso de apelación, consideró que se había presentado un error de procedimiento, hecho por el cual anuló la decisión judicial, en el que además se establecía el pago de una multa.
En el estudio del caso, la Sala acogió los argumentos expuestos por la Ministra quien señaló que en ningún momento había sido notificada del proceso de desacato que existía en su contra por presuntamente no contestar un derecho de petición de un ciudadano que quería tener copias de los contratos de prestación de servicios para los adultos mayores.
Giha indicó que nunca había sido contactada para informarle sobre la situación, hecho por el cual no pudo ejercer su derecho a la debida defensa. La Corte consideró que en efecto la Ministra no había recibido la notificación que exige la ley hecho por el cual revocó la sanción de arresto.
Recordó la Sala que en este tipo de casos se exige un debido proceso, entre los que se encuentra la notificación, traslado, la emisión de un decreto, la práctica de pruebas y la decisión final. Situación que no se presentó en el caso analizado.
