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La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinaria a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia por la presunta celebración de 95 contratos de prestación de servicios, o apoyo a la gestión.
Para el organismo, Urrutia garantizó la continuidad de funcionarios cercanos a ella por lo menos hasta el 31 de diciembre de este año, pese a haber anunciado su renuncia en días anteriores.
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El organismo de control reprochó que la funcionaria cancelara los acuerdos bilaterales, aduciendo motivos personales de los contratistas y 24, 48 o 72 horas después, firmara nuevos contratos con los mismos particulares e idénticos objetos contractuales, solo cambiando el plazo de terminación.
La Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría indicó que Urrutia habría pasado por alto el cumplimiento de los objetivos propios del ministerio y prefirió beneficiar a terceros.
Ese organismo aseguró que la exministra desconoció el principio de moralidad al favorecer a terceros y se alejó del cumplimiento del ordenamiento legal, por lo que de manera provisional calificó la conducta como falta gravísima.
Este proceso se suma al que fue anunciado recientemente, al parecer por omitir la advertencia que le hizo el grupo de contratación de la entidad sobre la existencia de más oferentes y la posibilidad de gestionar un proceso con más participantes.
Para el organismo, Urrutia utilizó la forma de contratación directa para firmar este acuerdo que vinculaba a la Alianza Pública para el Desarrollo (Aldesarrollo) con el Ministerio.
Además, la delegada de la Procuraduría consideró que la exministra posiblemente omitió que Aldesarrollo carecía del personal idóneo para cumplir con la labor objeto del negocio jurídico y no estaba en capacidad de cumplir con las obligaciones pactadas.
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En ese sentido, la exfuncionaria deberá responder ante el organismo por estas presuntas irregularidades en ambos procesos de contratación cuando lideraba el Ministerio del Deporte.
