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Los magistrados que componen la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no serán investigados por excluir el sometimiento del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años de prisión por concertarse con los paramilitares para asesinar al excontralor departamental, Alberto Enrique Flórez Ramírez en octubre de 2003.
Tras tocar las puertas de esta justicia transicional como tercero civil se ordenó que el caso de Suárez Corzo pasara nuevamente a la justicia ordinaria puesto que no cumplía con los requisitos exigidos. Debido a esto el expediente fuera conocido por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.
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A Suárez Corzo no le gustó para nada esta decisión y radicó una queja contra los magistrados indicando que su caso no podía pasar a conocimiento de ejecución de penas puesto que su condena no estaba ejecutoriada.
El caso llegó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, al revisar las pruebas, se abstuvo de abrir investigación contra los magistrados de la JEP pues las pretensiones de la queja “desborda las atribuciones disciplinarias de la sala”.
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En la decisión se advierte que la acción de los magistrados no da mérito para una investigación puesto que se trataba de un trámite normal tras rechazar la postulación de Suárez Corzo.
La JEP no aceptó al exalcalde de Cúcuta puesto que no cumplió con el compromiso para aportar a la verdad sobre las acciones adelantadas por los paramilitares en la capital dl Norte de Santander.
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En este sentido se advierte que en su hoja de ruta no mencionó nada sobre los asesinatos de los asesores de la Gobernación de Norte de Santander, Tirso Vélez, José Agustín Uribe Guatibonza y Alfredo Enrique Flórez, ejecutados por los paramilitares.
Estos crímenes se habrían presentado por las denuncias que hicieron sobre la infiltración de los paramilitares en la Alcaldía y Gobernación, así como los beneficios que estaban recibiendo en materia de contratos.
