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Los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) Jesús Ángel Bobadilla, Caterina Heyck Puyana y Adolfo Murillo Granados fueron denunciados ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por haber frenado la extradición de Jesús Santrich.
La senadora del Centro Democrático Paola Holguín considera que los funcionarios de la JEP pudieron haber incurrido presuntamente en el delito de prevaricato, tras desconocer que la conducta del exguerrillero, relacionada con actividades de narcotráfico, se habría cometido después de la firma del acuerdo de paz.
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Según Holguín, los magistrados pudieron haberse extralimitado en sus funciones, desconociendo las pruebas allegadas por la Fiscalía sobre la fecha en que se presentaron los hechos.
“Se desconoció el material probatorio que demostraba que los hechos por los que era solicitado en extradición Jesús Santrich, eran posteriores a la firma del acuerdo final, se desecharon todos esos argumentos. Además, tomaron una decisión de fondo cuando lo que tenían que determinar era únicamente si ese delito se había cometido después de la firma del acuerdo o no”, indicó.
La senadora Holguín dijo que no se trata de golpear a la Jurisdicción Especial de Paz, sino de hacer respetar la Constitución y la ley.
“La JEP se golpea a sí misma, se golpea con este tipo de decisiones, se golpea cuando tiene funcionarios investigados por la Fiscalía por obstrucción a la justicia, por favorecimiento a las Farc, por carruseles de contratación, se golpea a sí misma cuando le niegan la posibilidad a las víctimas de asistir a la audiencias de los cabecillas”, manifestó.
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La Comisión de Acusación determinará en los próximos días si acepta o no la denuncia presentada por la senadora Paola Holguín.
En esa corporación también avanza un proceso en contra de la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y el magistrado Alejandro Ramelli, por presuntamente haber incurrido en tráfico de influencias.
¿Prosperaría esta denuncia?
Fuentes que defienden el acuerdo de paz en el Congreso de la República señalan que esta denuncia presentada por el Centro Democrático podría no prosperar en la Comisión de Acusación.
Según quedó aprobado en la reforma que le dio vida a la JEP, los magistrados de ese tribunal, al igual que los de las altas cortes, no pueden ser investigados por las decisiones que tomen sobre un proceso.
El artículo transitorio 14° del acto legislativo 01 de 2017 dice:
“Régimen sancionatorio de los magistrados de la JEP: Los magistrados de la JEP estarán sometidos al mismo régimen especial penal previsto para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como al régimen disciplinario previsto por la ley para jueces y magistrados de las otras jurisdicciones. En todo caso, no podrá exigírseles en ningún tiempo responsabilidad por los votos y opiniones emitidas en sus providencias judiciales, proferidas en ejercicio de su independencia funcional, sin perjuicio de la responsabilidad a la que haya lugar por favorecer indebidamente intereses propios o ajenos”.
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes determinará en los próximos días si acepta o no la denuncia presentada por la senadora Paola Holguín.
