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Ante la Comisión de Acusación de la Cámara fue presentada una denuncia penal y disciplinaria contra la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, al igual que contra el magistrado de ese tribunal, Alejando Ramelli.
Según las denunciantes, los dos magistrados de la JEP presuntamente incurrieron en los delitos de tráfico de influencias y utilización de asunto sometido a secreto o reserva, según conoció RCN Radio/La Fm.
Allí se solicita investigar si Ramelli y Linares pudieron haber cometido faltas gravísimas, luego de que el primero suministrara por medio de correos electrónicosa la presidenta de la JEP información sobre la sentencia de exequibilidad del acto legislativo 01 de 2017, que le dio vida a esa jurisdicción.
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Según la denuncia (que cita apartes de una noticia publicada por el diario El Espectador), para la fecha en que ocurrió el hecho Ramelli todavía se desempeñaba como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, lo cual le impedía divulgar este tipo de información.
“El doctor Alejandro Ramelli envió información de carácter reservado al correo de Patricia Linares, sobre el trámite al interior de la corte de dicho proceso”, señala uno de los apartes de la noticia.
En el artículo también se destaca que “uno de los correos electrónicos está fechado el 20 de noviembre de 2017 y fue enviado por Ramelli a la presidenta del tribunal, días después de que la Corte anunciara la exequibilidad del acto legislativo en un comunicado dado a conocer el 14 de noviembre”.
Allí también se afirma que si bien la Corte Constitucional había comunicado el sentido del fallo, lo cierto es que no se conocía la sentencia final, lo cual va en contravía del reglamento interno del alto tribunal que establece que “las deliberaciones de la Sala Plena serán reservadas, sin perjuicio de las audiencias de que trata el decreto 2067 de 1991. La divulgación del sentido de los proyectos o de las providencias que se tomen en la Sala Plena, antes de que estos sean firmados por todos los magistrados, constituye falta grave sancionable con arreglo a la ley”.
Ante esta situación, en el texto de la denuncia conocido por RCN Radio /La Fm se le solicita a la Comisión de Acusación no solo abrir investigación contra Ramelli y Linares, sino también suspender de su cargo al magistrado mientras se adelanta la indagación.
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“Solicito respetuosamente se de aplicación a dicha normativa, es decir, ordenar la suspensión del cargo de magistrado de la Justicia Especial de Paz al doctor Alejandro Ramelli Arteaga”, señala la denuncia en la que se recuerda que el Código Disciplinario le da esa facultad al funcionario encargado de adelantar una investigación contra un servidor público.
De acuerdo con el documento, una eventual suspensión no causaría traumatismos en las investigaciones que adelanta la JEP, toda vez que el reglamento interno de esa entidad estableció la existencia de 13 magistrados suplentes que deberán asumir el cargo en caso de vacancia temporal o absoluta de alguno de los titulares.
Al representante que le corresponda adelantar la indagación contra estos magistrados de la JEP, deberá resolver si atiende o no esta solicitud de suspensión y si la misma debe extenderse o no a la presidenta de la jurisdicción.
La denuncia también pide que se ordene una inspección judicial al computador que el entonces magistrado Ramelli tenía a su disposición en la Corte Constitucional y que se intercepten los correos electrónicos que supuestamente intercambió con la presidenta de la JEP.
Asimismo, solicita que se tome el testimonio de Néstor Raúl Correa, exsecretario ejecutivo de la JEP, quien en su momento hizo denuncias sobre supuestas irregularidades cometidas al interior de la entidad y quien fue acusado por la presidenta Linares de haber “accedido presuntamente de manera ilegal a correos electrónicos privados de los magistrados”.
