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Luego de cinco jornadas de votación en la Corte Suprema de Justicia para elegir a la nueva fiscal general de la Nación, la Sala Plena de ese tribunal escogió a Luz Adriana Camargo Garzón, quien se ha caracterizado por su labor contra de la corrupción. Carmargo fue elegida con 18 votos.
La nueva fiscal es abogada colombiana con una destacada trayectoria en el ámbito legal y político. La designación de Camargo ha generado una amplia discusión en la política colombiana, poniendo su perfil en el centro de atención por su vínculo más notorio con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, con quien ha colaborado estrechamente durante más de dos décadas en diferentes roles y estamentos.
Su perfil académico tienen relaciones con la facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas.
Además, cuenta con un título de posgrado en Derecho, Política y Criminología en la Especialidad de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca en España.
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Fue jefe de investigación y litigio en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desde el primero de octubre de 2013 y hasta el 3 de septiembre de 2019. Ahí desempeñó un papel fundamental en las investigaciones de alto perfil relacionadas con la corrupción y la "parapolítica" en Guatemala.
Este caso conllevó numerosas detenciones y condenas durante cinco años y entre las más destacadas está la condena de corrupción por el expresidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta, Roxana Baldetti. Ambos fueron sometidos a 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y defraudación tributaria, esto por su relación con el caso La Línea.
Del mismo modo, Camargo es reconocida por sus investigaciones del fenómeno de la "parapolítica" en Colombia, que como resultado dejó múltiples implicaciones y condena de numerosos congresistas colombianos.
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Camargollega al cargo con grandes retos, como darle continuidad al proceso judicial que se adelanta contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por el delito de enriquecimiento ilícito, entre otros de gran connotación pública.
