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La Fiscalía General de la Nación confirmó que el exviceministro de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, Luis Miguel Pico, aceptó su responsabilidad en el delito de cohecho relacionado con el contrato de estabilidad jurídica que en su momento benefició a la Concesionaria de la Ruta del Sol, sin embargo el exfuncionario seguirá en libertad.
La aceptación de cargos se produjo el pasado 21 de mayo tras establecerse que para la firma de dicho contrato Pico fungía como asesor en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
El juzgado a cargo del proceso se abstuvo de imponer una medida de aseguramiento contra el exviceministro y por ello podrá seguir enfrentando el proceso sin restricción de su libertad.
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Este caso hace parte de una de las líneas de investigación que inició la Fiscalía General por los hechos de corrupción que rodearon el pago de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht para acceder a mega-obras de Infraestructura en el país.
El contrato de estabilidad jurídica que originó esta investigación se suscribió el 31 de diciembre de 2012 entre el Ministerio de Transporte y la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.
El objetivo de este convenio consistía en garantizar por parte de la Nación que a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, como inversionista se le siguiera aplicando la normatividad vigente en materia de impuesto al patrimonio, en caso de que a futuro dicho contrato sufriera modificaciones.
Los investigadores establecieron que pese a que el contrato no fue ilícito, si se encontró que para afianzar el trámite del mismo, la multinacional Odebrecht supuestamente pagó 4.000 millones de pesos con ese fin criminal.
La Fiscalía añadió que para lograr ese objetivo se terminó contactando entre otros, a Federico Gaviria y al exsenador Otto Bula y valiéndose de sus influencias interceder ante los respectivos ministerios.
Es de señalar que por estos mismos hechos, la Procuraduría General le formuló recientemente cargos al exviceministro Luis Miguel Pico, al considerar que supuestamente llegó a recibir pagos irregulares por 100 millones de pesos entre 2013 y 2014.
