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El exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno es, desde hace varios años, el principal testigo en los procesos penales y disciplinarios que se adelantan por el 'cartel de la toga', aquel escándalo de corrupción que permeó la Rama Judicial.
Su declaración ha sido clave para lograr los fallos condenatorios en contra de los exmagistrados Gustavo Malo Fernández y Francisco Javier Ricaurte. Igualmente, ha manifestado su colaboración en las investigaciones contra los exsenadores Musa Besaile y Álvaro Ashton.
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Debido a esto, el ente investigador ha solicitado en dos oportunidades ampliar el principio de oportunidad firmado con Moreno en 2018 el cual se compromete a entregar información útil y relevante a cambio de que se cese la persecución penal en su contra por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y utilización indebida de información oficial privilegiada.
Para este martes está programada una nueva audiencia en la que la Fiscalía pedirá extender el principio de oportunidad. Sin embargo, la diligencia contará con un ingrediente extra puesto que el documento que será presentado ante un juez de control de garantías tiene una modificación sustanciosa.
El fiscal General, Francisco Barbosa, firmó una resolución en la que se fija una añadidura a todo el proceso de colaboración de Moreno. Además de continuar declarando activamente y asistiendo cumplidamente a todas las audiencias a las que sea citado, la colaboración del exfiscal anticorrupción se evaluará si fue determinante o no a la hora de impartir condenas.
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Los fiscales que investigan el ‘cartel de la toga’ deberán pasar un informe pormenorizado evaluando la efectividad de la declaración de Moreno en el proceso penal y su fue clave en el fallo que emita el respectivo juez.
La defensa del exjefe de la Unidad Anticorrupción (2016-2017) cuestiona esta modificación asegurando que se le impone una carga extra, exigiéndole casi que sea el encargado de lograr las condenas en contra de los casi 18 procesados que existen por este ‘cartel’.
Añade que es de conocimiento público el riesgo en el que está inmerso Moreno por sus declaraciones, las cuales le han valido amenazas en su contra y su grupo familiar, para que ahora se le imponga una nueva exigencia a la hora de lograr resultados durante los procesos penales.
Debido a esto anunciaron que pondrán en conocimiento del respectivo juez de control de garantías estos temores a la hora de analizar si avala o no el principio de oportunidad.
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Moreno se encuentra actulmente cumpliendo su condena de 4 años y 10 meses de prisión en una guarnición militar en Bogotá. El exfiscal anticorrupción fue sentenciado en 2018 por la Corte Suprema de Justicia después de aceptar su participación en los delitos de concusión (exigencia de sobornos) y utilización indebida de información privilegiada.
