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La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, con ponencia de la magistrada María José Casado, profirió pliego de cargos contra Claribel Onisa Fernández Castellón, Jueza Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, por haber concedido el beneficio de libertad condicional al empresario Emilio Tapia, condenado por corrupción.
En total, fueron cuatro cargos formulados contra la jueza Fernández Castellón por prevaricato por acción y omisión, conductas que se enmarcarían en una falta gravísima, atribuida a título de dolo.
“Están dadas las condiciones para formular pliego de cargos a la doctora Claribel Onisa Fernández Castellón en su condición de Jueza Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, al haberse configurado en grado de probabilidad la falta disciplinaria prevista en el artículo 242 del CGD, concretado en la posible incursión en falta gravísima, a título de dolo, lo que se traduce en realizar objetivamente la descripción típica del delito de prevaricato por acción (art. 413 CP y 65 del CGD)" , se lee en el documento.
"Esto, al haber podido tramitar y emitir una decisión contraria a lo normado en el artículo 64 del Código Penal, en concordancia con lo dispuesto en la sentencia C-757 de 2014 proferida por la Corte Constitucional, en la providencia AP260-2021 radicado 58799 del 3 de febrero de 2021, y en el artículo 194 del Código Procesal Penal del año 2000, conforme lo expuesto”, añadieron.
Los fallos de la jueza
En diciembre del año anterior, Emilio Tapia, condenado por varios escándalos de corrupción, entre ellos Centros Poblados y el Carrusel de la Contratación en Bogotá, obtuvo la libertad condicional por orden de la jueza Fernández Castellón.
La decisión fijó un período de prueba de 27 meses. Meses antes, el 11 de abril, la funcionaria judicial había emitido una orden similar relacionada con la situación jurídica del condenado.
Por estos hechos, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico ya le había abierto una investigación disciplinaria por la libertad condicional concedida en abril. Además, compulsó copias por una presunta demora y obstaculización en la recaptura de Tapia, ocurrida en octubre del año anterior.
