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Laura Sarabia , directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social entregó a los investigadores de la Fiscalía General un total de 17 pruebas técnicas con las cuales buscar demostrar que no ordenó, ni motivó que se sometiera a la prueba del polígrafo a Marelbys Meza, ex niñera de su hijo.
El aporte de estos elementos de pruebas, entre los que se encuentran documentos, soportes, decretos y otros informes, fue realizado durante el transcurso del interrogatorio que rindió Laura Sarabia, por espacio de más de tres horas ante una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Al término de la diligencia, Jorge Mario Gómez, abogado de Laura Sarabia, señaló: “La Fiscalía tiene ya los elementos suficientes para concluir que no existe una sombra de duda en la conducta de Laura Sarabia (…) Dos cosas han quedado en claro: que Laura Sarabia no ordenó ningún polígrafo y que los autorizados cumplieron con rigor los protocolos establecidos en la ley, con total respeto por los derechos y la dignidad de las personas”.
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Así mismo, sostuvo que “la defensa pidió que este interrogatorio fuera rendido con la reserva propia de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicarla Violencia contra la Mujer (Belém do Pará). Petición de reserva que guarda relación con el caso que por violencia política, monitorea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde septiembre del año pasado y que es adelantado en favor de Laura Sarabia por la Fiscalía General".
Además, anunció que el próximo 24 de enero se tienen previstas varias diligencias con los señalados de difamar y calumniar a Laura Sarabia en torno a estos hechos.
Previo al desarrollo de este interrogatorio, Laura Sarabia negó tener algún tipo de responsabilidad en estos hechos.
“Reitero no ordené, no podía hacerlo, y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y certeza de que la Jefatura de Protección Presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y la dignidad de las personas”, dijo Laura Sarabia.
Insistió en que fue víctima de un hurto en su lugar de residencia, en hechos que fueron denunciados el pasado 29 de enero.
De acuerdo con la denuncia, se señala que el monto de los recursos hurtados ascenderían a los 7.000 dólares, los cuales se encontraban en un maletín.
“Como ciudadana y funcionaria pública soy respetuosa de la ley, de la administración de justicia y la institucionalidad. Desde el primer día he estado en total disposición de atender los requerimientos de cada una de las autoridades competentes”, indicó.
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“Confío en que una justicia recta y digna permita pasar esta página amarga, seguiré luchando profundamente por defender mi reputación y mi buen nombre de todas las acciones malintencionadas que han rodeado estos episodios”, agregó.
