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El informe final de la Contraloría arrojó como resultado una gestión desfavorable frente al manejo de los recursos públicos en una auditoria realizada al contrato 01 -5- 30001 suscrito entre la Policía y la Federación Colombiana de Municipios.
LA F.m. Noticias conoció que en la dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, exactamente en el periodo comprendido de 2009 a agosto de 2011, tiempo en que el general Rodolfo Palomino estuvo a cargo de la misma dependencia de la institución, la Contraloría General de la República realizó una auditoria al contrato 01 -5- 30001 suscrito entre la Policía y la Federación Colombiana de Municipios, los mismos que manejan los dineros que generan las multas de Tránsito en las carreteras.
El informe final de la Contraloría arrojó como resultado una gestión desfavorable frente al manejo de los recursos públicos. El contralor delegado para el sector defensa, justicia y seguridad de la época, Javier Alonso Lastra, le informó al general Palomino que tras la auditoria se detectaron 71 hallazgos de los cuales 29 tenían una posible connotación fiscal, 3 tendrían connotación penal, 21 con incidencia disciplinaria, 5 con indagación preliminar y dos con función de advertencia. Los restantes fueron hallazgos administrativos.
El contrato contempla que el 50 % del valor de la multa va para la dirección de Tránsito y el otro 50% para el municipio. La ley indica que a la Federación Colombiana de Municipios hay que darle el 10%. Cada uno pone el 5.
Adicional a ese 5%, el contrato obliga a que la Dirección entregue el 6.6% a la Federación. Eso hace que reciba el 11.6 % por parte de la Policía, más el 5% que asignan las alcaldías. Este contrato tiene una vigencia de 12 años, de 2004 a 2016.
La Contraloría señaló que en 2010 se celebró un convenio interadministrativo con el Fondo rotario de la Policía por más de 8 mil millones de pesos para ejecutar los recursos provenientes del contrato por la falta de capacidad de ejecución de la Dirección de Tránsito. Los funcionarios del ente de control observaron con extrañeza que en menos de 4 meses se hicieron 3 modificaciones tanto en plazo como en cuantía. Argumentado con esto demuestra la falta de programación y planeación de la entidad que estaba a cargo del general Rodolfo Palomino.
Sin duda alguna tener hallazgos con posibles implicaciones fiscales y penales es bastante preocupante para los funcionarios pues con esto se puede iniciar un proceso judicial, que requiere la intervención tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría General de la Nación. LA F.m. encontró algunos hallazgos penales. Durante la dirección del general Rodolfo Palomino se realizaron varios contratos que no guardan coherencia con el proceso misional que requieren los recursos, los cuales están destinados para la prevención de la accidentalidad vial.
2009
En la relación que entrega la Contraloría General de la República durante 2009 se firmaron 5 contratos, al parecer de manera irregular. Uno de ellos por 75 millones de pesos destinados al bienestar y recreación del personal de Ditra, 20 millones para los almuerzos de la celebración del aniversario de la Dirección de Tránsito, 19 millones para vestidos de personal no uniformado. Y así por el estilo. En total ese año se pagaron 166 millones de pesos, desviando el objetivo los recursos públicos autorizado por la ley.
Es de resaltar que revisando el Sistema Eléctrico de Contratación Público (Secop) ninguno de estos aparece registrado, quizás porque se realizaron sin licitación, de manera directa o bajo la reserva de seguridad.
2010
Para este año la contratación cuestionada aumentó en 480 millones de pesos el ente de control relaciona 16 contratos con número, objeto y valor que suman más de 646 millones de pesos donde se pagaron caminatas ecológicas, vestidos, recreación, bonos de libre escogencia, servicio de cena navideña y capacitaciones, como diplomados y maestrías no acordes a la prevención de accidentes viales, que es para lo que están autorizados esos recursos. De igual forma los contratos no aparecen registrados en el Secop.
2011
Los contratos que generaron inquietudes firmados durante los primeros 8 meses del año fueron 12, que sumaron 306, 4 millones de pesos. En su gran mayoría en becas de maestrías, especializaciones, diplomados. Ninguno orientado a la educación vial, como tenía que ser. Tampoco están relacionados en el Secop.
En total se puedo haber presentado un detrimento del patrimonio económico que supera los mil 118 millones de pesos solo en el hallazgo número 27 que arrojó una presunta connotación disciplinaria, penal y fiscal. Al igual que el hallazgo 33 referente al pago de viáticos al exterior.
En el informe, la Contraloría señala que durante 2009 y 2010 se evidenciaron comisiones a Chile y Madrid otorgadas a personal no adscrito a Dirección de Tránsito y Transporte. Quienes viajaron eran uniformados de la Dirección General de la Policía, de la dirección de Protección y de la Metropolitana de Bogotá, generando gastos indebidos cercanos a los 130 millones de pesos.
El informe fue entregado al general Palomino en diciembre de 2011. Tres meses después se encontró en uno de los reportes internos de la Dirección de Tránsito una nota en la que dice textualmente: "Que para los hallazgos 27 y 33 no proceden investigación de carácter fiscal y penal, pero se mantiene el carácter administrativo, toda vez que se evidencia deficiencias de control".
No se entiende cómo, en menos de tres meses y sin tomar medidas diferentes, se baja un hallazgo penal a administrativo. LA F.m. habló extramicrofonos con el entonces contralor delegado Javier Lastra y manifiesta que el caso es de hace muchos años y por eso no recuerda con exactitud, pero que al parecer la Policía se habría comprometido a reembolsar el dinero de tres contratos. Son más de treinta los que aparecen relacionados.
Aún no es claro en qué van las investigaciones. Fuentes de la Policía aseguran que todavía no se han tomado medidas para ajustar el contrato, que está próximo a liquidar y que aún presenta inconsistencias, pues al realizar la comparación de la información reportada entre el Simit, el sistema que relaciona las multas, y los diferentes organismos de Tránsito, en su mayoría esta no es veraz, oportuna, exacta ni accesible.
La evaluación se realizó también en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Quindío y Santander. Buscando en la base de datos de la Contraloría LA F.m. encontró una coincidencia. Desde hace 20 años aproximadamente trabaja en esta entidad la señora Lilia Stella Palomino López, hermana del hoy director de la Policía Rodolfo Palomino. Se desempeña como gerente departamental de la Contraloría de San Andrés Islas.
Los principales apartes del documento de la Contraloría
