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El exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko’ Gómez, busca tumbar una de las condenas más graves en su contra.
Según se conoció su abogado presentó una acción de tutela ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de dejar sin efecto la sentencia que lo responsabilizó por el asesinato del exconcejal de Barrancas, Luis Gregorio López Peralta, ocurrido en 1997.
La defensa cuestiona la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, que revocó la absolución que había obtenido Gómez en el Tribunal Superior de Bogotá y restableció su responsabilidad penal por este homicidio.
La defensa cuestiona las pruebas de la condena
De acuerdo con el abogado Juan Felipe Criollo su cliente fue condenado sin pruebas suficientes que lo vinculen directamente con el crimen.
En ese sentido, el jurista explicó que la decisión judicial estaría basada en el perfil del exmandatario y en señalamientos que circulaban en el municipio, en lugar de elementos probatorios concretos.
En declaraciones recogidas por Infobae, el abogado cuestionó lo que calificó como una aplicación del derecho penal de autor. En sus palabras, a Gómez se le estaría condenando por quién es y no por los hechos ni por las pruebas que reposan en el expediente.
La defensa de Gómez, asegura además, que no existirían pruebas directas, indirectas ni testimonios de oídas suficientes para demostrar la responsabilidad del exgobernador. Por eso, mediante la tutela, pretende que se revisen las posibles vulneraciones de derechos fundamentales que, según su argumento, se habrían presentado durante el proceso.
Ahora será la Sala Civil de la Corte Suprema la que deberá examinar los argumentos de la acción constitucional y determinar si procede estudiarla de fondo. La presentación de la tutela no significa que la condena haya sido anulada ni que Gómez haya recuperado su libertad.
El crimen ocurrió en 1997
El caso por el que se hizo el requerimiento, se remonta al 22 de febrero de 1997, cuando fue asesinado Luis Gregorio López Peralta, exconcejal del municipio de Barrancas, en La Guajira.
Hay que recordar que la decisión judicial contra Gómez tuvo un recorrido de varios años. En 2017, un juzgado penal especializado de Bogotá lo había condenado por su responsabilidad como determinador del homicidio. Sin embargo, en 2024, el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió por ese crimen.
La controversia llegó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que revisó la decisión y encontró motivos para revocar esa absolución y restablecer la condena.
En abril de 2026, el alto tribunal impuso nuevamente una pena de 380 meses de prisión, equivalentes a 31 años y ocho meses, por el asesinato del exconcejal. La decisión también restableció la condena por perjuicios morales a favor de Diana Carolina López Zuleta, hija de la víctima.
La Corte no reabrió todos los hechos relacionados con el expediente, otros asuntos tuvieron un tratamiento distinto y se mantuvieron decisiones anteriores frente a otros homicidios. Por eso, el alcance de la condena debe distinguirse de las demás investigaciones que han rodeado al exgobernador.
La JEP también estudia su sometimiento
La nueva ofensiva judicial de la defensa se conoce mientras la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, continúa examinando la solicitud de sometimiento presentada por Gómez Cerchar.
Mediante la Resolución 3590, la magistrada Sandra Rocío Hernández ordenó continuar con la revisión de actuaciones y documentos del expediente, en cumplimiento de una decisión previa de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz.
Este trámite se reactivó después de que, en 2022, esa sección revocara parcialmente el rechazo inicial de la solicitud de sometimiento del exgobernador.
La JEP analiza sus presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, en calidad de posible tercero colaborador o financiador. También estudia hechos relacionados con los homicidios de Rosa Mercedes Cabrera Alfaro y Luis Alejandro Rodríguez Frías.
En el expediente, además, fue reconocida como víctima indirecta Diana Carolina López Zuleta, hija del exconcejal Luis Gregorio López Peralta.
Así, mientras la justicia ordinaria mantiene una condena de más de 31 años de prisión por el asesinato del exconcejal, la jurisdicción transicional continúa evaluando si Gómez puede someterse a su competencia y bajo qué condiciones.
Por ahora, la pregunta central es si la tutela presentada por la defensa logra abrir una revisión de la sentencia que restableció la condena contra el exgobernador. La decisión está en manos de la Corte Suprema de Justicia y, hasta que exista un pronunciamiento, el recurso no modifica por sí solo los efectos del fallo.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Quién presentó la tutela?
El abogado Juan Felipe Criollo, representante del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko’ Gómez.
¿Qué busca la defensa?
Que se deje sin efecto la condena por el asesinato del exconcejal Luis Gregorio López Peralta, al considerar que no existen pruebas suficientes para responsabilizar a su cliente.
¿Cuál es la condena que intenta anular?
Una pena de 380 meses de prisión, equivalentes a 31 años y ocho meses, por el homicidio ocurrido en Barrancas, La Guajira, en 1997.
¿Qué debe pasar ahora?
La Sala Civil de la Corte Suprema debe examinar la tutela y determinar si procede estudiarla de fondo. La presentación del recurso no anula automáticamente la condena.
