La FM en Google News
Un juez de Bogotá avaló el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General y Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de la Fundación Universitaria San José y lo condenó a una pena de tres años de prisión tras reconocer que le entregó títulos falsos a Juliana Guerrero, considerada ficha clave del Gobierno del expresidente Gustavo Petro.
La decisión fue emitida por parte del juez 46 de conocimiento de Bogotá quien dio luz verde a la negociación lograda con la Fiscalía al advertir que esta documentado y soportados los hechos expuestos por parte de la Fiscalía en torno al otorgamiento irregular de títulos falsos universitarios.
En la misma decisión condenó a Gutiérrez a cumplir una inhabilidad de 44 meses para ejercer cargos públicos.
El juez concluyó que el preacuerdo se celebró de manera libre y voluntaria y la pena impuesta no constituye una rebaja desproporcionada con base en los hechos investigados. Enfatizó que esta negociación se ajusta a la constitución y la ley.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Guerrero habría conseguido fraudulentamente su título de contadora pública y de tecnóloga en gestión contable en la San José, los cuales intentó cargar al Sigep II haciendo caer en error supuestamente al Ministerio de la Igualdad y así posesionarse como viceministra de Juventudes.
El juez recordó que en el preacuerdo firmado con la Fiscalía el exfuncionario aceptó su responsabilidad en el delito de falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo, tras haber sido la persona encargada de expedir los títulos objeto de revisión teniendo en cuenta que los mismos son delegación del Ministerio de Educación.
Tanto la Fiscalía como la defensa pidieron que no se le envíe a prisión a Gutiérrez al tratarse de una condena menor a los cuatro años.
Luis Carlos Gutiérrez pidió perdón y confesó
En atención a lo pactado en el preacuerdo, Luis Carlos Gutiérrez ofreció disculpas públicas a la comunidad educativa de la Universidad San José por haber tomado una mala decisión que afectó esa institución con el otorgamiento irregular de dichos títulos falsos otorgados a Juliana Guerrero.
"Realmente, desde mi muy sentir personal, profesional y ético, ofrezco unas disculpas a la comunidad académica de la Fundación de Educación Superior San José por una mala decisión que condujo una serie de hechos que han afectado a la comunidad académica y a todos sus actores, tanto a directivos, a estudiantes egresados como a profesores. Realmente, fue un espacio en el que no tuve la reflexión suficiente y, lamentablemente, violenté el ordenamiento jurídico de este país y la normativa de educación superior", dijo.
Así mismo sostuvo: "Como educador, quiero dejar esto como un ejemplo y un acto de reconocimiento de que, lamentablemente, una mala decisión puede afectar tanto nuestra vida personal, familiar, profesional y, realmente, no saben lo que esto ha conllevado para mi vida y para mi actual profesional. Realmente, esto ha tenido un costo bastante alto y parte de este acto de aceptación, de este preacuerdo tiene que ver con eso, con devolverle la tranquilidad a mi familia y a todo mi entorno."
"Muchas gracias a todos y, de corazón, les ofrezco disculpas y espero que de alguna forma, como se ha establecido en esta sesión, sea simbólica, pero creo que esos más de 100.000 estudiantes que yo tuve la oportunidad de acompañar en un proceso, en una carrera de más de 30 años, entiendan que, a veces en la vida, hay que reflexionar un poco más las decisiones que toman", enfatizó.
En desarrollo de este proceso aparece acreditada como víctima la Fundación de Educación Superior San José, cuyo abogado representante es Juan David Bazzani, quien respaldo el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Luis Carlos Gutiérrez.
¡Vuelve y juega! Se aplazó acusación contra Juliana Guerrero
Juliana Andrea Guerrero Jiménez dejó plantados a los asistentes a la audiencia de acusación prevista en su contra por parte de la Fiscalía señalada de presuntamente haber obtenido dos títulos falsos de la Fundación Universitaria San José, con los cuales pretendía presentar su aspiración para llegar al gobierno de Gustavo Petro.
Se trata del segundo aplazamiento que ha solicitado Juliana Guerrero para evitar que la Fiscalía lleve a cabo la acusación en su contra por el delito de fraude procesal. La primera diligencia que fue suspendida estaba prevista para el pasado 5 de agosto.
El origen del caso contra Juliana Guerrero
El caso es largo. La San José anuló en septiembre de 2025 el título de Contaduría de Guerrero, y el Ejecutivo luego retiró su hoja de vida del portal de aspirantes de la Presidencia de la República. La publicación del currículo en la página web de candidaturas es el último paso antes de un nombramiento en altos cargos, como ministerios, viceministerios o agencias gubernamentales. El perfil de Juliana Guerrero rondó allí todo mes.
Guerrero se perfilaba como viceministra de Juventudes de la cartera que lideraba Juan Carlos Florián, quien con el aval del presidente Petro se libró de una suspensión provisional que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó. Su postulación resultaba al menos llamativa desde la primera vez que apareció en la plataforma, el 14 de agosto de 2025, pues no contaba en ese momento con un título profesional. Dos semanas después la Presidencia volvió a cargar su documentación.
Incluso sin un diploma, y con apenas veintitrés años, Juliana ya había sido secretaria ejecutiva en el Ministerio del Interior y en la Secretaría de Transparencia, y acreditaba una experiencia de seis años en cargos públicos. Los documentos aparecieron en el Sigep —el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público— “sin el lleno de los requisitos legales”, explicó la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, cuando anunció la imputación en su contra.
“Documentos que fueron publicados en el SIGEP para el mes de agosto del año 2025 y expedidos el primero de julio sin el lleno de los requisitos legales, teniendo en cuenta, de acuerdo con la investigación, que no asistió a sus clases y tampoco presentó las pruebas saber, es lo que se ha acreditado en la investigación”, dijo la fiscal delegada Jaramillo.
Pruebas contra Juliana Guerrero
Dentro de las pruebas que pesan contra Juliana Guerrero se encuentran varios soportes y documentos recolectados por los investigadores de policía judicial, así como las copias de las facturas aportadas en su momento por parte de la congresista Jennifer Pedraza, quien amplio sus denuncias contra juliana Guerrero.
Se trata de dos facturas de la Dian por cerca de 8 millones de pesos que habría consignado para poder acceder a “dos títulos falsos”, pagados casi un mes después de supuestamente haberse graduado de la institución.
“Supuestamente Juliana Guerrero se graduó el 1 de julio de 2025. Sin embargo, realizó 3 pagos a la San José después de “graduada” de la siguiente forma:
- 28 de julio de 2025: $1.000.000 por Derechos de Grado en Contaduría.
- 29 de julio de 2025: $2.000.264 por Matrícula en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.
- 29 de julio de 2025: $4.776.300 por Matrícula en Contaduría Pública.
"Mientras cientos de miles se endeudan por años para estudiar, Guerrero es la única que tiene un plan post pago y trabajo asegurado”, aseguró en su oportunidad la congresista Pedraza.
Otros títulos irregulares
La Fiscalía reveló que están siendo objeto de análisis y verificación otros casos similares de títulos universitarios en la Fundación San José, que habrían sido otorgados de manera irregular.
“Sí, en la diligencia de inspección judicial se acreditó otras situaciones similares”, indicó la fiscal Jaramillo.
Otra investigación en la Fiscalía
A la par de este proceso penal, la Fiscalía avanzan en otra indagación contra Juliana Guerrero por supuestamente conformar una red dedicada a gestionar contratos con el Estado de manera irregular, a cambio de grandes montos de dinero.
Esta investigación a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía busca determinar su Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, incurrieron en irregularidades, por medio de un presunto cobro de comisiones a “empresarios” a cambio de gestionar contratos con entidades del Estado.
Según las denuncias las hermanas Guerrero supuestamente habrían ejercido influencia ante entidades como los ministerios de Vivienda, Interior, Igualdad, Ambiente y Defensa, además de la Agencia Nacional de Tierras y Fiduagraria.
La supuesta estrategia criminal de esta red de corrupción estaba orientada al cobro de un millón de peso por una reunión inicial, un anticipo de 200 millones de pesos para comenzar las gestiones y una comisión del 10 % sobre el valor de los contratos que presuntamente iban a ser adjudicados a favor de esos empresarios en regiones como Cesar, Santander y Norte de Santander.
