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Por considerar que se encuentra totalmente acreditada su calidad de víctima del desplazamiento forzado, el expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), Jorge Aníbal Visbal Martelo y su núcleo familiar serán indemnizados. Así lo determinó la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.
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En un documento de seis páginas, firmado por el director técnico de reparación de la Unidad para las Víctimas, se señala que al proceso se allegaron toda la documentación para inferir que la familia de Visbal Martelo fue víctima de este flagelo. Situación por la cual se hacen acreedores a una reparación de tipo económico.
En este sentido se encontró que la familia estaba en el Registro Único de Víctimas y habían hecho todas las aclaraciones solicitadas para demostrar su vinculación con este flagelo.
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"Siguiendo con la verificación de los sistemas de información se logró constatar que los destinatarios de la indemnización administrativa no acreditaron alguna situación de las establecidas en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019, que demuestren que se encuentran en una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad para la priorización de la entrega de la medida, es decir que, no se acreditó que contaran con una discapacidad para el desempeño o una enfermedad catastrófica o de alto costo", precisa la decisión.
En junio de 2018, un juez especializado de Bogotá condenó a nueve años de prisión Visbal Martelo por sus vínculos con grupos paramilitares. El otrora exembajador de Colombia en Perú y Canadá fue hallado culpable del delito de concierto para delinquir agravado.
En la decisión se tuvieron en cuenta las declaraciones de los excomandantes paramilitares Salvatore Mancuso Gómez; Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna' e Iván Roberto Duque, 'Ernesto Báez', quienes aseguraron que Martelo –siendo presidente de Fedegán– les pagaba a los paramilitares para que combatieran a las Farc y garantizaran su seguridad.
El exdiplomático fue señalado de pertenecer a un selecto grupo político que asesoraba a los paramilitares, al mando de Carlos Castaño Gil. Sin embargo, en su defensa argumentó que solamente se reunió con los paramilitares en los acercamientos para que se desmovilizaran y firmaran un acuerdo de paz.
En enero de 2019, se presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como civil vinculado al conflicto armado.
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