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La senadora e integrante de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos de paz urbana, Isabel Zuleta, se pronunció de manera contundente frente al reciente auto del Consejo de Estado. Esta providencia judicial admitió la demanda de nulidad interpuesta por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lo que trae como consecuencia inmediata la reactivación de las órdenes de captura de siete cabecillas de estructuras criminales recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, quienes actúan como voceros en el marco de la 'Paz Total'.
Zuleta fue enfática en señalar que la decisión del alto tribunal no sepulta el proceso, sino que deja en evidencia falencias institucionales. Según la congresista, el Consejo de Estado le llamó la atención a la Fiscalía General de la Nación por no haber realizado correctamente su trabajo de verificación respecto a tres puntos clave que la delegación gubernamental ya había consignado de forma rigurosa y en estricto cumplimiento de los lineamientos de la Corte Constitucional.
La parlamentaria desglosó los elementos del documento entregado por la oficina del Consejero Comisionado de Paz, explicando que la solicitud de suspensión de las medidas de aseguramiento cumplía taxativamente con los requisitos legales exigidos:
Temporalidad específica: La medida se solicitó de manera acotada por un periodo de seis meses.
Territorialidad definida: Las acciones de la mesa de paz y la suspensión se limitaban geográficamente al Valle de Aburrá, el municipio de Rionegro (donde se ubica el Aeropuerto Internacional José María Córdova) y Bogotá.
Duras críticas al Gobernador Rendón y defensa de la Paz Urbana
La senadora Zuleta lanzó fuertes críticas a la postura del mandatario departamental de Antioquia, acusándolo de oponerse sistemáticamente a las iniciativas de paz en la región. Cuestionó severamente el argumento central de la demanda de Rendón, el cual se basaba en el riesgo inminente de que los cabecillas se fugaran del territorio nacional.
"¿El Consejo de Estado le compra semejante argumento tan absurdo? ¿Se van a escapar por un aeropuerto internacional?", reprochó Zuleta, sugiriendo que la tesis del gobernador demuestra una profunda desconfianza hacia la institucionalidad migratoria y las autoridades portuarias y aéreas de Colombia.
A pesar del revés judicial que reactiva las órdenes de captura de los delegados en prisión, la senadora envió un mensaje de firmeza sobre el futuro de las negociaciones en Antioquia. Aseguró que la ofensiva política y jurídica no detendrá las mesas de diálogo vigentes: "Decirle al señor gobernador que su ataque a la paz no va a ser efectivo. Este proceso de paz urbana va a continuar, y va a continuar con la certeza de que nuestra prioridad es salvar vidas", concluyó.
¿Cuál es el reclamo central de Isabel Zuleta hacia la Fiscalía tras el fallo del Consejo de Estado?
La senadora reclama que la Fiscalía no realizó su trabajo de verificar detalladamente los tres puntos críticos presentados por la delegación del Gobierno en el escrito de solicitud. Según Zuleta, el auto del Consejo de Estado evidencia que la Fiscalía omitió constatar que la propuesta cumplía con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente en lo referente a los límites de tiempo y espacio.
¿Cuáles eran las condiciones de tiempo y lugar estipuladas para la suspensión de capturas?
En el documento se definió una temporalidad específica de seis meses para la suspensión de las medidas. En cuanto al territorio, se acotó estrictamente al Valle de Aburrá, la ciudad de Bogotá y el municipio de Rionegro, locación estratégica debido a la presencia del aeropuerto internacional.
¿Por qué califica Zuleta como "absurdo" el argumento de riesgo de fuga del gobernador Andrés Julián Rendón?
Porque el gobernador argumentó que los cabecillas podrían usar el aeropuerto internacional para escapar del país. Para la senadora, pensar que se fugarían por una terminal aérea principal implica desconocer y desconfiar por completo del control de las autoridades de migración y la policía aeroportuaria, tildando la postura del mandatario como un ataque directo y político al proceso de paz.
