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La Corte Suprema de Justicia abrió investigación previa a 19 congresistas liberales que estarían relacionados con el escándalo de contratos en el Fondo Nacional del Ahorro. Según el documento, entre los congresistas que serán objeto de investigación y que deberán responder ante la justicia, se encuentran, Juan Pablo Gallo, Mauricio Gómez y Miguel Ángel Pinto.
Por este caso, los congresistas deberán presentarse a indagatorias ante la Sala Especial de Instrucción, para que rindan su versión ante la denuncia presentada por el abogado y exprecandidato presidencial Enrique Gómez.
Por este caso, la Fiscalía investiga al presidente de la entidad de ahorro, Gilberto Rondón, para que responda por la presunta comisión del delito de cohecho, pues el abogado Daniel Briceño quien fue quien presentó la denuncia, aseguró en sus redes sociales que Rondón reconoció haber “repartido una alta cantidad de puestos a congresistas del Partido Liberal para que aprobaran las reformas”.
Además la Procuraduría también investiga disciplinariamente a Rondón, pues las denuncias hechas en medios de comunicación, dieron cuenta de que el funcionario al parecer manipuló indebidamente la planta de personal del Fondo Nacional del Ahorro.
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Según el oficio del organismo, el investigado habría ayudado a que se contrataran varias personas que presuntamente fueron recomendadas por los congresistas, lo que habría generado el despido de otros funcionarios que llevarían varios años de carrera en el FNA.
En el documento, la Procuraduría asegura que los perfiles recomendados no cumplirían con los requisitos de capacidades ni habrían estudiado la profesión requerida para las funciones de los cargos, por lo que esto afectaría el funcionamiento de la entidad de ahorro.
Además la delegada no descartó que durante el proceso de investigación sean vinculados otros funcionarios para que respondan por las posibles faltas disciplinarias en las que habrían incurrido.
Este caso ahora será abordado por tres autoridades judiciales, con el objetivo de esclarecer la posible participación y responsabilidad de los congresistas y de los funcionarios que no habrían respetado los principios de contratación estatal.
